España: entra en vigor en octubre reforma que limita aborto legal

La nueva Ley de Aborto propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ya tiene fecha.
 
Será en octubre próximo cuando el Consejo de Ministros dé luz verde a uno de los principales compromisos electorales del Partido Popular (PP) y acabe con la actual Ley de Aborto que da libertad y apoyo a las mujeres para decidir sobre su cuerpo y maternidad.
 
Así lo ha anunciado el PP a pesar de que la mayoría de la ciudadanía –no sólo las mujeres– se opone a una reforma de ley que prohíba y criminalice el aborto libre.
 
Después de tres años desde que el PP interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra ocho preceptos de la ley de la ministra Bibiana Aído, el Ejecutivo ha decidido adelantarse al fallo del Tribunal Constitucional y definirse en un asunto que dentro del propio partido encuentra fuertes divergencias, lo que ha hecho que desde el primer anuncio de la reforma de ley haya pasado ya un año.
 
Así, sin escuchar la deliberación del Constitucional, y desde luego, sin tomar en cuenta el punto de vista de las mujeres, ni la experiencia de organizaciones de profesionales de la salud reproductiva, Gallardón y su propuesta avanzan.
 
Las organizaciones de mujeres lamentan el anuncio efectuado por el ministro a través de Radio Nacional de España (RNE), aunque en cierto modo, admiten, “era lo esperado”.
 
La nueva normativa, sobre la que todavía habrá que perfilar algunos detalles en los próximos consejos de ministros, partirá de la ley de 1985, en la que una mujer podía interrumpir su embarazo en tres supuestos: violación (dentro de las 12 primeras semanas); daño para la vida o salud física o psíquica para la madre, y malformaciones físicas y psíquicas del feto (dentro de las 22 primeras semanas de gestación).
 
Mientras que en los dos primeros apartados no habrá “grandes cambios”, es en el supuesto de las malformaciones en el que más modificaciones se esperan.
 
Y ello porque el Ejecutivo no va a considerar cualquier malformación del feto susceptible de un aborto, sino sólo aquellas que sean “incompatibles con la vida”.
 
En este sentido se establecerá qué enfermedades lo son, porque lo que sí tiene claro el Ejecutivo es que “no cualquier discapacidad es una malformación”.
 
La vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), Francisca García, denuncia que la reforma de la Ley de Aborto llevará a la “clandestinidad” al 99.9 por ciento de las tres mil mujeres afectadas por alguna patología fetal, como puede ser una anomalía congénita, un defecto cromosomático u otra enfermedad fetal.
 
RESTRICCIONES
 
El gobierno insiste en denominar “garantías” al incremento de los mecanismos de control para, según su punto de vista, eliminar los “coladeros” de la primera ley.
 
Habrá más seguimiento sobre quién o quiénes tienen que acreditar los daños psicológicos para la madre que quiere abortar. La ley deberá especificar si basta un terapeuta, un asistente social o se necesitará el dictamen de un o una profesional más especializada, ya sea de la psicología o psiquiatría.
 
Pero no hay que olvidar un aspecto importante. Una legislación más restrictiva en materia abortiva no limita el número de interrupciones del embarazo, pero sí disminuye las garantías legales y sanitarias de miles de pacientes e incluso vulnera aún más el derecho a la vida.
 
Como han señalado profesionales y organizaciones, la reforma que pretende realizar el gobierno en materia de aborto abocará a la “clandestinidad” a quienes no dispongan de los medios económicos necesarios con el consiguiente riesgo para la vida y salud de las mujeres.
 
Algo que avalan cifras y estudios. Santiago Barambio, de Acai, no cesa de explicar el absurdo de legislar de espaldas a la realidad. El Ministerio de Sanidad dio a conocer en su informe de 2011 que 106 mil 26 mujeres abortaron por voluntad propia en este país durante ese año.
 
Los estudios de Acai han evidenciado que 66 mil 107 de esas mujeres abortarían aunque sus circunstancias económicas, laborales o afectivas fuesen diferentes, porque la decisión de interrumpir su embarazo es una decisión íntima y personal.
 
Y ninguna ley les va a hacer cambiar de parecer, por muy arriesgada que sea la decisión que tomen. “Negar este hecho es no querer ver”, advierte Barambio.
 
EL CASO DE LAS MENORES DE EDAD
 
Entre otras importantes restricciones que incluirá la reforma anunciada por Gallardón, está volver a exigir a las menores de edad consentimiento de la madre, padre o responsables de su tutela.
 
Hay que aclarar que los abortos en adolescentes no se han disparado con la actual legislación, según acreditan tanto el informe del Ministerio de Sanidad e Igualdad, como el de la Acai publicado a fines de 2011 y que analizaba los datos del primer año de entrada en vigor de la ley actual.
 
El hecho de que desde julio de 2010 la interrupción del embarazo sea libre hasta las 14 semanas y que las adolescentes no necesiten el consentimiento de sus padres, salvo contadas excepciones, no ha convertido la norma en una “coladera”.
 
Sólo un 3.2 por ciento de las mujeres que interrumpieron voluntariamente su embarazo durante los primeros 15 meses de aplicación de la Ley de Aborto del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, tenían 16 o 17 años, un dato similar al de años anteriores.
 
Además, el 87 por ciento de las jóvenes (un total de mil 35) no sólo acudieron a las clínicas habiendo informado previamente a sus padres y madres, sino que además fueron acompañadas por sus madres o tutores legales, según el informe de las clínicas para interrumpir embarazos, para el que tomaron una muestra de 36 mil 718 mujeres que habían abortado en sus centros de toda España desde julio de 2010 hasta octubre de 2011.
 
SE FOMENTARÁN ABORTOS INSEGUROS
 
La realidad pone de manifiesto que sólo 151 jóvenes (el 13 por ciento de las menores de edad que abortaron y el 0.4 por ciento del total de abortos) no pudieron informar a sus padres, madres o tutores legales de su decisión.
 
Se trata de una minoría de jóvenes con problemas familiares: inmigrantes cuyos tutores no residen en España, o adolescentes que, por ejemplo, tienen a su padre en la cárcel o cuyas madres se desentienden. En su mayoría, están bajo tutela del gobierno, viven en albergues y reciben protección.
 
Para las y los profesionales del sector, cambiar la ley, como pretende Gallardón, y volver a requerir el consentimiento paterno para poder abortar a los 16 y 17 años, llevaría a esta minoría, precisamente un grupo de población ya de por sí en el umbral de la exclusión social, a abortar de manera insegura.
 
“Si las desamparamos, las abocamos a la clandestinidad sin justificación. La experiencia demuestra que los abortos no disminuyen porque haya leyes más restrictivas”, insiste Francisca García, vicepresidenta de Acai.
 
A pesar de las incógnitas que la reforma de la Ley de Aborto plantea todavía, el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha asegurado que respetará el “discurso histórico” del PP sobre este asunto.
 
La vicesecretaria general del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Elena Valenciano, ha declarado que se trata de una postura “prehistórica: machista, sexista y ultracatólica”.
 
En ese sentido, la secretaria de Igualdad socialista, Purificación Causapié, advirtió al gobierno que el PSOE “defenderá la actual regulación y la libertad de las mujeres para decidir”, ante una “contrarreforma” que supondrá “el fin de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.
 
“Con esta contrarreforma el PP marca claramente cuál es la posición de las mujeres en la sociedad según su ideología ultraconservadora, como ya hemos podido comprobar en otros ámbitos como el empleo o la educación; con el PP las mujeres vuelven a ser ciudadanas de segunda categoría”, aseguró Causapié.
 
“Es intolerable e incomprensible que en el siglo XXI se den pasos atrás en la legislación; es algo insólito en Europa”, concluyó.
 
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