Estado emprende “cacería” contra mujeres activistas

Como si fueran la nueva Inquisición, las autoridades y los poderes fácticos hostigan, censuran e incluso asesinan a las defensoras de los derechos femeninos. 
 
En una reedición actualizada de la persecución social, política y religiosa que sufrieron las mal llamadas “brujas” durante la Edad Media, en México las mujeres que defienden los Derechos Humanos (DH), sexuales y reproductivos son desprestigiadas, amenazadas, perseguidas de manera implacable e incluso asesinadas por el poder y el crimen organizado.
 
Feministas, académicas e integrantes de organizaciones civiles por los derechos de las mexicanas coinciden en que hoy por hoy la Santa Inquisición que perseguía a las mujeres de la antigüedad por ser sabias y libres, prevalece bajo el disfraz de la Iglesia y el sistema patriarcal que reprimen los derechos femeninos.
 
En su libro “El retorno de las brujas”, la filósofa especialista en ciencia y género por la UNAM, Norma Blázquez Graf, explica que las mujeres de la Edad Media con conocimientos de anatomía, sexualidad, reproducción y botánica, representaron una “amenaza” para la sociedad, la Iglesia y, sobre todo, para la hegemonía masculina.
 
Entre los conocimientos femeninos que fueron prohibidos y castigados estaban el control de la natalidad y la práctica del aborto. Diversos autores señalan que desde el principio del cristianismo, los anticonceptivos naturales fueron considerados “pecado”.
 
Blázquez Graf advierte que en el siglo XXI las mujeres de conocimiento se han reacomodado al ocupar espacios importantes, logrando cambiar los espacios institucionales, por lo que todavía son vistas como “amenazas” por el patriarcado.
 
A decir de la psicoanalista Jean Shinoda Bolen, autora del libro “Las brujas no se quejan”, en la actualidad el patriarcado “tiene miedo”, y por ello ataca los derechos de la población femenina a fin de eliminar conquistas ganadas desde hace décadas.
 
“Siempre antes de un cambio profundo, aquellos en el poder se fortalecen o golpean más duro: con represión y violencia. Eso está sucediendo ahora contra las mujeres”, explica.
 
LAS DEFENSORAS, EN EL OJO DEL HURACÁN
 
Para Marusia López, coordinadora de Asociadas por lo Justo (JASS, por sus siglas en inglés), capítulo México, en el país estamos ante una “cacería de brujas”, toda vez que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es utilizada como mecanismo de control y para infringir miedo en la sociedad.
 
“La saña, el incremento del feminicidio, el uso de la violencia contra ellas por parte de las fuerzas militares en complicidad con el  crimen organizado dan cuenta de ello, y lanza el mensaje de que las mujeres deben estar calladas y quietas”, explica la activista.
 
López agrega: “Si analizamos los casos de las defensoras que han sido asesinadas, encontramos que en su mayoría eran mujeres que denunciaron complicidades entre el Estado y los poderes fácticos, y repudiaron la violencia de género y la impunidad”.
 
En los últimos dos años fueron asesinadas en Chihuahua Marisela Escobedo, Josefina Reyes y Susana Chávez, activistas que acompañaban casos de feminicidio. En Oaxaca fue ultimada Beatriz Cariño, quien denunció la violencia de grupos paramilitares en esa entidad.
 
Entre las defensoras de DH que han sufrido amenazas están la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, Luz Estela Castro, y las abogadas Margarita Martínez, de Chiapas, y Bettina Cruz, de Oaxaca, quienes se oponen a megaproyectos económicos.
 
En tanto que Norma Andrade, Olga Reyes, Sara Salazar y Marisela Ortiz, todas de Chihuahua, tuvieron que dejar su lugar de origen para evitar la persecución y proteger sus vidas y las de sus familias.
 
Marusia López indica que al revisar los datos duros “en 2011 registramos que del total de casos de violencia contra defensores de DH, 40 por ciento fueron contra mujeres”.
 
LA GUERRA CONTRA EL ABORTO
 
El Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres –red de agrupaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos– afirma que el Estado mexicano impide el ejercicio de los derechos femeninos.
 
Pone como claro ejemplo las reformas constitucionales realizadas en 17 estados de la República para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, las cuales fueron aprobadas por el contubernio entre la Iglesia católica y los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
 
Tan sólo en Guanajuato en 2010 fueron encarceladas y posteriormente liberadas 160 mujeres por el supuesto delito de homicidio doloso en grado de parentesco.
 
El Pacto denuncia que las reformas constitucionales, la forma en que se aplican las leyes, así como las políticas públicas, son un signo evidente de violencia institucional contra las mexicanas.
 
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