La diputada Alba Estela Maldonado, integrante de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, instó al Estado guatemalteco a que reconozca que la violencia en contra de las mujeres existe, que es una grave violación a los derechos humanos y que se convierte en un crimen de lesa humanidad.
De acuerdo con un boletín de prensa de la citada entidad, Maldonado señaló que el Estado guatemalteco debe aceptar la existencia del fenómeno femicidio o feminicidio y que debido a la estructura patriarcal que marca las relaciones entre hombres y mujeres, así como al machismo, no ha podido ser erradicado.
La congresista enfatizó que los asesinatos de mujeres en su conjunto se han convertido en un crimen de lesa humanidad, ya que el Estado no ha podido brindar protección al sector, tal y como lo establece la Constitución Política de la República en el Artículo tres.
La legisladora indicó que se registran diariamente muertes de mujeres que han sido víctimas de ataques espontáneos, pero también han aumentado los casos en las que son agredidas directamente, con un alto grado de odio y seleccionadas por su condición de vulnerabilidad.
Maldonado sostuvo que las y los funcionarios encargados de sistematizar las denuncias por violencia, discriminan a las víctimas al hacerlas parecer culpables de los ataques que padecieron, las acusan de ser integrantes de bandas organizadas o de ser «prostitutas».
Las declaraciones de la diputada fueron realizada en el contexto de la petición que la Cámara de Representantes de Estados Unidos hizo al gobierno de Guatemala, sobre el reconocimiento y responsabilidad en la muerte de aproximadamente 3 mil mujeres, registradas por autoridades oficiales desde 1999 a la fecha.
ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA
Paralelamente, Patricia Orantes, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), afirmó que el proceso de evaluación y actualización de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas es una acción única en el país, ya que es la primera vez que una instancia de gobierno se detiene a hacer un balance de una normativa.
A decir de Orantes, hacer una revisión e identificar dónde están las debilidades de la aplicación de la política no es una tarea fácil, ya que requiere de autocrítica, pero debería ser un requisito para todas las normativas del país.
Durante la instalación del Comité de Actualización, la funcionaria señaló que el gobierno debe valorar el trabajo arduo del movimiento de mujeres a favor de la construcción de una ciudadanía efectiva, ya que ellas han estado presentes en todos los momentos históricos del país.
Orantes instó a la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem) a sistematizar toda la experiencia de la evaluación y actualización de la política de la mujer, con la finalidad de que pueda ser un punto de partida para realizar este proceso con otras políticas públicas que existen en el país.
La titular de Segeplan indicó que las y los integrantes del Comité de Actualización deberán aprender a escuchar responsablemente las propuestas de todos los participantes, además de abrirse al nuevo conocimiento.
Orantes felicitó a la Seprem, la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) y al Foro Nacional de la Mujer (FNM), que forman el equipo conductor del proceso, ya que es el primer esfuerzo que se hace para adaptar las normativas a las necesidades de la población femenina.
Finalmente, Gabriela Núñez, titular de la Seprem, informó que la primera reunión del Comité de Actualización se realizó el pasado jueves y se espera tener el nuevo documento en noviembre para ser validado a nivel nacional.
07/GG/CV