Estado mexicano da “madruguete” en caso Atenco

Sin informe de fondo de por medio –como suele hacerse cuando se remite un caso a la Corte- la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió el caso de violación sexual de las 11 sobrevivientes de violencia sexual de Atenco, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
 
A diferencia de otros casos de violaciones a Derechos Humanos que se ventilan en organismos internacionales, en esta ocasión las Secretarías de Gobernación (Segob), Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR), fueron las primeras en dar a conocer el pasado 17 de septiembre, que el caso registrado oficialmente como “Mariana Selvas Gómez y otras” pasó a la Corte Interamericana, el máximo tribunal de América facultado para emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano.
 
En los operativos de San Salvador Atenco, Estado de México, ordenados por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, 47 mujeres fueron detenidas, al menos 26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron y más tarde 11 decidieron continuar con la búsqueda de justicia. Sin embargo, ante la dilación en las investigaciones, en abril de 2008, solicitaron a la CIDH la revisión del caso.
 
En noviembre de 2011 la Comisión Interamericana aceptó conocer la demanda de Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Bárbara Italia Méndez, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, quienes denunciaron la tortura sexual cometida durante el despliegue de al menos tres mil policías en Atenco y Texcoco.
 
En todo este proceso la CIDH informó sobre los avances pero ahora que este organismo envió el caso a la CoIDH, el Estado mexicano difundió un comunicado donde aseveró que “el propio Gobierno mexicano hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a la consideración de la Corte, a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos”.
 
Lo anterior ocurrió luego de un intento fallido por parte del Estado mexicano para negociar una solución amistosa con las víctimas, cuando en marzo de 2013 en una audiencia que se celebró en la sede de la CIDH en Washington, los entonces subsecretarios de Gobernación, Lía Limón y Juan Manuel Gómez-Robledo, ofrecieron cerrar el caso con una “solución amistosa”, es decir pactar un acuerdo entre las víctimas y el Estado mexicano para no continuar con el litigo internacional, oferta que fue rechazada por las sobrevivientes de violencia sexual.
 
Según la versión del Gobierno mexicano (en su reciente comunicado) se “ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos a su alcance para impulsar la investigación del caso, sancionar a los responsables, y adoptar medidas de reparación y otras medidas para evitar la repetición de hechos similares”.
 
No obstante, el gobierno mexicano ha tomado decisiones sin informar ni consultar a las sobrevivientes de violencia sexual. Por ejemplo, en 2012 el Estado mexicano anunció “avances en el caso” ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), en una reunión en Nueva York, sin que las afectadas conocieran la información.
 
En esa ocasión la comitiva mexicana informó que se ejerció acción penal contra tres policías implicados en la tortura sexual ejercida contra 26 mujeres detenidas en Atenco pero ni las víctimas ni sus representantes legales recibieron información sobre las órdenes de aprehensión de los policías, los cargos en su contra, ni las supuestas consignaciones.
 
En la misma tónica apenas en mayo de 2015 las 11 mujeres denunciaron que el 19 de marzo de ese año en la Gaceta Oficial del Estado de México se publicó un documento donde se anunciaba la creación de un fondo para las sobrevivientes de violencia, sin que se especificara el monto, lo que a su parecer era una forma de detener su demanda ante la CIDH y de “comprar su dignidad”.
 
De acuerdo con la Segob, PGR y SRE, a la fecha hay más de 30 personas detenidas y sujetas a proceso penal por este caso, datos que contrastan con los del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –organización que representa a las víctimas– quien señala que los detenidos están acusados solamente de “tortura por omisión”, es decir, por no evitar las agresiones contra las mujeres pero no son imputados por ejercer la tortura sexual.
 
El anuncio conjunto que hizo la Segob, la SRE y la PGR se da sin que la Comisión Interamericana haya hecho público el “informe de fondo”, el documento donde se señalen las probables responsabilidades de México en la violación a Derechos Humanos de las mujeres y por tanto el expediente se remita a la CoIDH para su revisión y eventual sentencia.  
 
16/AGM/LGL