Inicio Estado mexicano no ha garantizado seguridad de defensoras de DH

Estado mexicano no ha garantizado seguridad de defensoras de DH

Por Anaiz Zamora Márquez

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció que el Estado Mexicano no ha cumplido en su totalidad con las recomendaciones para garantizar la integridad de las defensoras de derechos humanos emitidas en 2006 por esta instancia.

En su Segundo Informe sobre la situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas publicado el martes pasado, la CIDH recordó que en 2006 solicitó al Estado Mexicano, garantizar especialmente la seguridad de las mujeres defensoras de derechos humanos toda vez que corrían el riesgo de ser atacadas en razón de su género, y que emprendiera medidas para lograr el reconocimiento de su labor.

Pese a ello, la CIDH recibió durante el periodo de seguimiento de estas recomendaciones (2006-2011), no sólo denuncias sobre violaciones a derechos humanos de mujeres, sino también reportes de asesinatos de defensoras.

Tan sólo en el estado de Chihuahua la CIDH registró el asesinato de 5 activistas: en diciembre del 2010 el de Marisela Escobedo quien reclamaba justicia por el feminicidio de su hija ocurrido dos años antes; el 6 de enero de 2011 el de Susana Chávez; el 25 de febrero de 2011 fueron hallados los cadáveres de Malena Reyes y Luisa Órnelas, hermanas de la activista Josefina Reyes, también asesinada en 2010.

Aunado a ello, durante la visita de la Relatoría de la Mujer a Ciudad Juárez, se encontró que sólo el 20 por ciento de los casos de asesinatos de mujeres habían concluido con la condena y procesamiento del agresor.

La CIDH consideró que persisten serias dificultades para las labores de las defensoras de derechos humanos en países que han atravesado una situación de conflicto armado o violencia generalizado como es el caso de México, ya que las mujeres que actúan en estas zonas, suelen ser objeto de hostigamientos y amenazas por parte de grupos armados que las ven como un peligro.

“Ataques de esta naturaleza no sólo afectan los derechos de las defensoras afectadas, sino que atentan contra el papel que juegan ellas en los sistemas democráticos y sumen en la indefensión a todas las mujeres víctimas de violencia para quienes trabajan”, consideró la Comisión.

El organismo internacional con estatus consultivo en la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que las barreras que siguen enfrentando las activistas son la falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos; la falta de recursos humanos y financieros para atender problemas persistentes y estructurales; la debilidad institucional de los ministerios públicos y la policía que investiga los delitos.

Un problema muy grave para el desarrollo de sus actividades, agregó, es la aplicación de estereotipos de género en el lenguaje y razonamiento de los operadores de justicia, ya que éstos suelen reproducir la violencia que pretenden atacar.

Para este segundo informe, la CIDH destacó como un obstáculo relevante para promover el acceso a la justicia de las mujeres, la precariedad y falta de coordinación en los sistemas de información para recopilar estadísticas sobre incidentes y casos de violencia contra las mujeres, ya que al no existir datos confiables se impide visualizar la magnitud del problema.

Ante las constantes deficiencias, el organismo llamó nuevamente al Estado a garantizar un clima de seguridad y respeto a la labor de las activistas Mexicanas y a procurar la aplicación eficiente de las recomendaciones anteriormente emitidas.

12/AZM/LGL

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