Inicio Estado Mexicano, otro juicio ante CIDH por abuso a una mujer

Estado Mexicano, otro juicio ante CIDH por abuso a una mujer

La vida de Inés, indígena me’phaa (tlapaneca), cambió violentamente el 22 de marzo de 2002, cuando 11 soldados del Ejército apostados en Ayutla de los Libres, Guerrero, en la zona de La Montaña, allanaron su vivienda y fue violada sexualmente.

Dos días después Inés, acompañada de su hermano Lorenzo, hizo la denuncia ante el MP de Ayutla, quien determinó que no era de su competencia investigar, porque las personas que realizaron el acto delictuoso pertenecían al Ejército y transfirió la denuncia al Ministerio Público Militar.

Representada legalmente por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Inés buscó amparos para que fueran las autoridades civiles quienes juzgaran a los soldados, pero no procedieron y la justicia militar cerró el caso, porque supuestamente la víctima no respondió a los citatorios por falta de interés.

Inés no acudió porque era infundada la competencia militar, además de que cualquier investigación sería parcial.

Sin acceso a la justicia, los abogados presentaron en junio de 2004 una denuncia contra el gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del sistema de justicia de la Organización de Estados Americanos, por la violación y tortura.

El 12 de octubre de 2007, la CIDH realizó una audiencia pública, en Washington, donde asistió Inés, junto con Valentina, otra indígena violada en 2002 por militares.

Luego de la audiencia, señala Tlachinollan, “se evidenció la responsabilidad del gobierno por las violaciones a los derechos de estas mujeres.”

El 9 de febrero de 2008, Lorenzo, hermano de Inés, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa, fue secuestrado, torturado y asesinado, presumiblemente, señalan Inés y Tlachinollan, por la denuncia ante la CIDH.

La Montaña de Guerrero es una de las zonas más pobres del país y con mayor presencia militar, donde la violación sexual a mujeres se ha mantenido en la impunidad debido al fuero militar, dice Tlachinollan en el texto Injusticia Legalizada.

Las autoridades justifican la militarización por la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y el combate al narcotráfico. Para Tlachinollan, la intervención responde a su lucha contrainsurgente.

LAS RECOMENDACIONES

La CIDH emitió en 2008 un informe de fondo por el caso de violación y tortura de Inés por elementos castrenses, donde planteaba la reparación del daño, la investigación y la sanción a los militares.

Si el gobierno ejecutaba las recomendaciones, el caso concluiría. De lo contrario, el organismo remitiría el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), máximo órgano de justicia en el Continente. Al mes siguiente, Tlachinollan envió el informe a la CIDH pidiendo que el caso se ventilara ante la corte. Y como el gobierno no respondió, enfrentará el juicio.

¿POR QUÉ LLEGÓ EL CASO A LA CORTE?

La CIDH señala que el uso de la jurisdicción militar obstaculiza la obtención de justicia en casos de violaciones a los derechos humanos de personas civiles. La jurisdicción militar, dice, es excepcional y debe ser utilizada sólo para delitos de militares en servicio activo que atenten contra bienes jurídicos castrenses.

La CIDH reiteró su preocupación, en marzo pasado, porque en países como México se sigue empleando la justicia militar para investigar y juzgar delitos comunes perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía, lo que produce impunidad.

Es por eso que las víctimas civiles se ven obligadas recurrir a la justicia internacional, como Ana, Beatriz y Celia Pérez, indígenas tzeltales de 10, 18 y 16 años, quienes el 4 de junio de 1994, en Altamirano, Chiapas, fueron detenidas, torturadas y reiteradamente abusadas sexualmente por 10 soldados del Ejército.

Las hermanas denunciaron, pero la Procuraduría de la entidad remitió la investigación al Ministerio Público Militar, que un año después cerró el caso.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, representante de las víctimas, denunció el hecho ante la CIDH, quien determinó la responsabilidad de México por la detención arbitraria, tortura y violación de las hermanas, y de no realizar una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial, será juzgado por la corte.

En 2008, funcionarios del gobierno y la representación legal de las víctimas firmaron un acuerdo ante la CIDH para remitir el caso al Ministerio Público Civil.

La Constitución mexicana no exige que sean los mismos militares quienes juzguen estos casos, deben hacerlo autoridades civiles, pues prevé la jurisdicción militar “exclusivamente para los delitos y faltas contra la disciplina militar”, señala un informe de Human Rights Watch.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente definió servicio militar como “la realización de las funciones propias e inherentes al cargo que desempeña”, por lo cual las violaciones sexuales y tortura no pueden ser consideradas sus “funciones inherentes”.

Senadores del PRD propusieron en abril reformar el Código de Justicia Militar para que en delitos contra la disciplina militar, del orden común o federal, cuando concurran militares y civiles, “conocerá del caso la autoridad civil”.

Hasta 2008 había, según informes oficiales, más de 6 mil quejas contra el Ejército, incluidos casos de mujeres abusadas y, según la CNDH, más de 500 averiguaciones previas, pero ni una sola condena penal a soldados por delitos contra civiles. El juicio contra el gobierno revelará si México no ha tomado en serio el problema de los abusos militares.

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