Estado se niega a reparar daño a víctima de violencia obstétrica

Dependencias federales y locales se niegan a acatar las medidas de reparación integral del daño a Irene Cruz Zúñiga –mujer de origen mixteco víctima de morbilidad materna y quien lleva 13 años postrada en una cama–, ordenadas mediante un acuerdo judicial del Primer Tribunal Unitario del Décimo Tercer Circuito en el estado de Oaxaca.
 
Jaqueline Sáenz Andujo, abogada de Irene y su familia, informó a esta agencia que sólo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) respondió de manera positiva al acuerdo, y es la única dependencia con la que se ha avanzado en la rehabilitación y las negociaciones de las medidas de reparación. 
 
A decir de la también coordinadora del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar Centro de Análisis e Investigación, el acuerdo judicial abre la puerta para que el Estado mexicano comience a corregir las fallas estructurales de los sistemas de salud y justicia, que derivan en que México no logre reducir las cifras de muerte materna (MM) y que en casos de violencia obstétrica las mujeres no accedan a la justicia.
 
La abogada reconoció la disposición del IMSS de negociar la reparación del daño, pero cuestionó: “¿En donde están las otras dependencias del Estado?”.
 
En junio de 2001 Irene, ante la carencia de servicios de salud en la comunidad de Morelos, Oaxaca –de donde es originaria–, se vio obligada a peregrinar por varias clínicas y hospitales, y recorrer grandes distancias para atender el nacimiento de su primer hijo.
 
El 22 de junio de ese año en el Hospital Rural del IMSS de Tlaxiaco, a cinco horas de distancia de su casa, le fue practicada una cesárea de emergencia y se le implantó un dispositivo intra-uterino (DIU) sin su consentimiento.
 
Gracias a un peritaje médico realizado en 2012, fue posible saber que se colocó la anestesia sin controlar la presión arterial de Irene, lo que le provocó varios paros cardíacos que impidieron que el oxígeno llegara al cerebro, y finalmente le causaron la inmovilidad total que ahora padece y se traduce en que su madre y hermana deban destinar la mitad de su día a cuidarla.
 
Aunque la mala actuación de las autoridades judiciales de Oaxaca permitió que el delito penal (lesiones con agravante) prescribiera, en diciembre de 2013 se emitió un acuerdo judicial que obliga a diversos agentes del Estado a reparar el daño a Irene y su familia.
 
Para lograr la reparación integral de los daños, el magistrado Rubén Pablo Ruiz Pérez ordenó que diferentes instancias federales y estatales se coordinaran para lograr la reparación integral de todos los daños causados a Irene, su familia y la comunidad donde viven.
 
Es decir la reparación atañe, además de al IMSS, entre otras dependencias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); la subprocuraduría de Atención a Víctimas de Oaxaca; la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, y el Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum).
 
Sáenz Andujo explicó que una de las instancias que tiene mayor responsabilidad de acatar el acuerdo es la Secretaría de Salud (local y federal), pues la falta de atención de primer nivel derivó en que Irene fuera recibida de emergencia en el IMSS y al no subsanar esas fallas se abre la puerta a que casos similares se repitan.
 
La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca (PGJO) también tiene una deuda pendiente con Irene, pues no garantizó una justicia pronta y expedita, y las omisiones en el caso permitieron que el delito prescribiera.
 
Varias instancias –informó la abogada– ya respondieron al acuerdo, pero dijeron que no les corresponde, que van a colaborar aunque no explican cómo o cuándo. Algunas como Cejum, DIF o Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) han ofrecido integrar a la familia de Irene a programas de atención ya existentes, que no corresponden a las necesidades específicas del caso.
 
Jaqueline Sáenz destacó que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), al cual se le solicitó coordinara el diálogo interinstitucional, en un primer momento dijo que colaboraría pero hasta ahora no se ha pronunciado. 
 
Los argumentos que han utilizado las dependencias para negarse a reparar el daño, por un lado, es que no fueron quienes directamente afectaron a Irene, y que un acuerdo judicial no los obliga a destinar recursos públicos para el caso o modificar sus reglas de operación.
 
Pero “existieron violaciones a los Derechos Humanos de Irene y su familia que fueron ampliamente reconocidas por el magistrado, y mediante la reforma constitucional de 2011 se define que es responsabilidad del Estado reparar a las víctimas cuando se dan este tipo de violaciones”, y todas las dependencias forman parte de ese Estado, recalcó Sáenz. 
 
En tanto, el IMSS ya cumplió con las primeras medidas de rehabilitación ordenadas, pues ya realizó una primera valoración médica al estado de salud de Irene y un examen ginecológico, mediante el cual se comprobó que el DIU fue implantado sin consentimiento, y que debido a los 13 años en los que no hubo seguimiento médico ahora está “encarnado”.
 
Aún están pendiente por parte del IMSS la indemnización económica a la familia de Irene.
 
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