La diputada priista María Hadad Castillo, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la XII Legislatura del Congreso de Quintana Roo, explicó en la sesión de hoy por la mañana su voto en contra de la Reforma al Artículo 13 de la Constitución, propuesta por su bancada, misma que no fue aprobada en el pleno y se envió nuevamente a Comisiones:
«‘Los derechos de las mujeres están por encima de cualquier disposición gubernamental, costumbre, tradición o creencia». Así, textual, lo dice el punto 177 del Programa de Acción de mi partido, el Revolucionario Institucional. Así lo expresé cuando hice campaña y solicité el voto ciudadano. Así lo he asumido en mi labor legislativa como Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de esta Legislatura. Así ha sido mi discurso y hoy actúo en consecuencia.
«No me opongo a legislar sobre el derecho a la vida. Como promotora y defensora de los derechos humanos reconozco que es un derecho de primera generación y que es una obligación del Estado garantizarlo. Sin embargo, tal como fue presentada la iniciativa y a pesar de la ligera modificación que se realizó al momento de dictaminarla no se garantiza el derecho a la vida bajo una perspectiva de género.
«Debido a una redacción basada en una creencia moral, sin sustento científico y sin claridad jurídica, las mujeres quintanarroenses seremos vulneradas en nuestros derechos fundamentales, estaremos en una situación de indefensión a merced de la interpretación de un juez que decidirá si las excepciones contempladas en el Artículo 97 del Código Penal son constitucionales o no.
«Establecer en nuestra ley suprema que el derecho a la vida inicia al momento de la concepción es un exceso, como ya fue manifestado por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución que declaró constitucional la despenalización de la interrupción del embarazo en el Distrito Federal.
«Los derechos fundamentales deben ser ejercidos sin ser sujetos a interpretaciones. Es muy claro que son inherentes a las personas y que además son irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Ni la ciencia ni la filosofía del derecho y menos la jurisprudencia alcanzan para atribuirle derechos a un óvulo fecundado.
«El cigoto no es un humano, no es una persona, al menos no en un Estado laico.
«Legislar que el derecho a la vida se adquiere desde el momento de la fecundación no es avanzar en la protección de la niñez. Si queremos realmente proteger a nuestras niñas y niños hagamos para ellos un mejor lugar para vivir. Un lugar donde no sean víctimas de abuso sexual, de la trata de menores y de otros tantos delitos que atentan contra su derecho a la felicidad.
«Por todo esto, hoy hago uso de mi derecho a la disidencia. Mis convicciones y valores políticos, mi sentido de representación social, así como mi compromiso con las mujeres quintanarroenses me impiden votar en el mismo sentido que mi fracción parlamentaria.
«Aunque no es común en nuestra reciente historia como estado, tampoco debe sorprendernos, es una situación lógica en sociedades plurales y propia del parlamentarismo y de la división de poderes que caracterizan a toda democracia.
«En esta ocasión dejo a un lado la disciplina partidaria y opto por un voto en sentido contrario, pero sustentado en la ética de la convicción. Como cualquier otra persona tengo mis creencias y valores personales pero antepongo a esta decisión el interés público, como todo representante popular debe hacer.
«Creo que la política para reconciliarse con la ética y recuperar legitimidad ciudadana requiere de convicciones y congruencia ideológica. Como diputada priista, de ese PRI del siglo XXI que es progresista y socialdemócrata ratifico con este voto en contra mi compromiso de construir una sociedad más equitativa».
09/MH/GG
