En días recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el reconocimiento del derecho al matrimonio a personas del mismo sexo en el DF y en el país.
Más allá de lo controversial del asunto, lo relevante de la resolución del máximo tribunal de justicia es que se le da una estocada a la discriminación en toda la República.
Vamos por partes, para que nuestra lectora y lector comprendan la relevancia del asunto:
Resulta que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una demanda ante la SCJN el 2 de enero de 2010, contra la reforma del Código Civil del DF que permite «el matrimonio entre personas del mismo sexo», y que entró en vigor en marzo del mismo año.
La demanda de la PGR fue apoyada por el Partido Acción Nacional (PAN), la jerarquía de la Iglesia católica y el Colegio de Abogados Católicos, lo que era de esperarse, pero lo inaudito es el respaldo que le otorgó a la demanda el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Bucio.
En cambio, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Roberto Brunori, lamentó que el debate sobre el matrimonio gay «se esté tornando intolerante.» Y señaló que en cualquier Estado democrático debe prevalecer la civilidad sin actos discriminatorios por ninguna causa.
En efecto, en toda democracia que se precie como tal, todos los Derechos Humanos de las personas deben ser plenamente respetados y garantizados. Incluido por tanto el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, con quién vivir, de qué manera vivir, cómo convivir y formar o no una familia.
En toda democracia que se precie como tal, el derecho al matrimonio o la unión libre es permitido y lo ampara la ley.
En toda democracia puedo estar o no de acuerdo con el matrimonio o la unión libre entre dos personas de distinto sexo o del mismo sexo. Y por tanto, cada persona está en su derecho de pensar y actuar de una manera o de otra, disentir es parte de la convivencia pacífica que hace que el respeto y el reconocimiento de los derechos de cada quien revitalice la democracia.
En México la democracia es aún incipiente, pero esta resolución ayuda a fincar nuevas formas de convivencia, de relaciones de respeto, de entendimiento, de comprensión entre las personas más allá de su sexo.
Pero también esta resolución les aclara a las instituciones del Estado y de gobierno su actuación y sus alcances para hacer respetar la ley; esté cualquier servidor o servidora pública de acuerdo o no con las leyes está obligado a acatar.
Con la resolución de la SCJN se fortalece la democracia en México; por cierto en Sonora aún no contamos con la ley estatal de no discriminación. Sería una buena oportunidad para que la argumentación y resolución de la SCJN sirva para que el Legislador permita un mayor avance democrático en la entidad.
Bien por la no discriminación y el reconocimiento de lo que somos, una sociedad diversa plurietnica, pluricultural y plurisexual.
*Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense.
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