Es por ello que las y los periodistas hacen un llamado urgente a Felipe Calderón Hinojosa, al Congreso de la Unión, congresos estatales, Poder Judicial, gobernadores, a los presidentes municipales, jefe de gobierno y delegados políticos para que, en el ámbito de su autoridad tomen las acciones necesarias.
GARANTÍAS
Y demandan que se otorguen garantías a la libertad de expresión y castigo ejemplar para los crímenes y agresiones contra periodistas para que no sea la impunidad la que aliente nuevos crímenes.
De la misma manera exigen que las investigaciones que determinan las causas del asesinato se conduzcan de manera profesional e imparcial. Que con rigor se investigue si las causas están vinculadas a la labor periodística de la víctima.
En su declaración, las y los trabajadores de los medios de comunicación condenan toda forma de censura, sea explícita o sobreentendida, sea de carácter político o partidista, criminal, corporativa, de grupos civiles o individuos. Y denuncian que la publicidad sigue siendo utilizada por los funcionarios públicos de manera discrecional para castigar a los medios de comunicación que no son afines a sus decisiones.
«Exigimos que la difamación no sea sancionada penalmente sino por la vía civil, en consonancia con la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que la reputación debe estar protegida por las leyes civiles».
Por ello «Condenamos como violatorias de la libertad de expresión las leyes que endurecen las sanciones por estos delitos y que son utilizadas como forma de intimidación», puntualizan.
Es en este contexto que demandan se acaten las leyes que protegen el secreto profesional del periodista y cesen los requerimientos judiciales para que los periodistas revelen sus fuentes, lo cual pone en riesgo la vida no sólo de los comunicadores sino también de sus fuentes de información.
Y exhortan a los gobiernos estatales a que adopten los criterios mínimos de acceso a la información para que no quede al arbitrio de grupos de poder qué información es pública y cuál no.
CLÁUSULA DE CONCIENCIA
«Los periodistas mexicanos reconocemos que la corrupción que ha asolado al país por décadas se encuentra también en el medio periodístico y que sería incongruente demandar castigo a las agresiones contra periodistas sin aceptar el mismo rigor contra los periodistas que violen la ley.
Es por ello que «reprobamos las conductas de periodistas que, abusando de su posición, obtienen beneficios ilegítimos y actúan de manera dolosa en el manejo de la información aun cuando no existan leyes que sancionen esas conductas».
Las y los periodistas mexicanos asumimos un compromiso con un periodismo ético y riguroso, que cumpla con altos estándares de calidad y respete los derechos humanos y legales de todos los involucrados en las informaciones periodísticas, apunta el texto.
«Demandamos respeto a la dignidad profesional de los periodistas y salarios acordes, que no impliquen trabajos ajenos a la labor periodística, como por ejemplo la venta de publicidad y la obligación de escribir noticias que sean ajenas a la realidad, en detrimento del interés público».
«Pedimos que los Congreso federal y estatales reconozcan la cláusula de conciencia, que en la práctica es un respeto a los derechos humanos de los periodistas», finaliza.
06/GT/GG
