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Estudiante lleva 23 días recluida en Santa Martha por “robarle” a policía

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Jacqueline Santana López, activista y estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) acusada del supuesto robo de 500 pesos a una policía, delito por el que ahora se encuentra en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, responsabiliza al Estado de su detención y de mantenerla en prisión pese a ser inocente.
 
Jacqueline -quien antes de su detención estudiaba su último semestre de la carrera de economía en la UNAM donde mantenía uno de los mejores promedios- concedió una entrevista telefónica a Cimacnoticias desde el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, donde lleva 23 días detenida.
 
Narró que fue privada de su libertad el 15 de noviembre, luego de que un grupo de policías encubiertos la detuvieron en compañía de Bryan Reyes Rodríguez, activista detenido el 1 de diciembre del 2012.
 
Ese día -continuó- ella y Bryan notaron desde la mañana que personas vestidas de civiles los observaban, hecho que notificaron en redes sociales y que estaban dispuestos a denunciar esa misma tarde ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
 
Sin embargo, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando ambos jóvenes regresaban a sus domicilios de hacer sus compras en la Central de Abastos para preparar la comida vegetariana que venden, un grupo de policías vestidos de civil los agredieron y sometieron. A Jacqueline la detuvieron 4 mujeres y a su acompañante 8 hombres.
 
Jacqueline Santana contó que su compañero y ella alcanzaron a gritar que estaban siendo secuestrados pero un hombre la jaló del cabello al tiempo que le gritaba “quítate, perra, que a ti también te va a tocar” y la metió a un taxi.
 
“Todo el tiempo que iba en el taxi me estuvieron preguntaron cuál era mi actividad política, me preguntaron nombre y actividades y me dijeron que si no cooperaba me trasladarían a un lugar donde recibiría mi merecido”. La copiloto apuntó todo el tiempo con su pistola a Jacqueline.
 
Cabe recordar que el abogado de Jacqueline Santana, Sergio Soto Nájera, comentó en entrevista con Cimacnoticias que los testigos que presenciaron los hechos supusieron que había ocurrido un secuestro, por lo que inmediatamente alertaron a la policía capitalina. Minutos después, agentes del DF interceptaron los automóviles en los que iban Jacqueline y Bryan, encañonaron al conductor y ordenaron que soltaran a los jóvenes.
 
En ese momento sus captores se identificaron como policías federales de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Coordinación de Operaciones Encubiertas y al ver frustrado su intento de “secuestro”, tuvieron que trasladar a Jacqueline y a Bryan al Ministerio Público (MP).
 
Ello nos hace pensar, dice Jacqueline en la entrevista, “que era un levantamiento extrajudicial con fines de desaparición forzada”.
 
La estudiante comentó que al llegar al MP nunca les dijeron porqué los detuvieron. Las personas que atendieron su denuncia por intento de secuestro “sólo hicieron oídos sordos”. A Jacqueline la entrevistó una funcionaria de la delegación Álvaro Obregón que no se identificó ni anotó nada de lo que ella le decía.
 
Luego del MP, la joven y su acompañante fueron trasladados al Juzgado 39 de Distrito, donde se les acusó de asalto con arma blanca en contra de una mujer policía, a quien supuestamente robaron 500 pesos, delito por el que habrían sido sorprendidos en flagrancia.
 
Desde el reclusorio, la estudiante de economía señala al Estado como responsable del intento de su secuestro, que ocurrió justo 5 días previos a la gran movilización del 20 de noviembre en apoyo a las familias de Ayotzinapa.
 
 “Son injusticias que voy a salir a gritar a la calle y voy a seguir luchando por salir libre de este lugar donde hay muchas injusticias, violaciones a Derechos Humanos, opresión y venta de mujeres”, advirtió.
 
Antes de su detención participó en la Jornada de acción global en apoyo a las familias de Ayotzinapa. Año y medio atrás se unió al Colectivo Acampada Revolución, en el que se reúne con otras y otros jóvenes para discutir problemáticas sociales nacionales e internacionales, y hacer trabajo para la comunidad.
 
También participaba en un proyecto con un grupo de mujeres en contra de la violencia de género y para denunciar los casos de feminicidio en el Estado de México.
 
Además, colaboraba con un grupo musical de hip-hop de protesta que se llama “Guerrilla Bang Bang” con el que asiste a las marchas para evidenciar la situación política y social que vive México.
 
Anteriormente Jacqueline participó en el movimiento #YoSoy132, que llamó a la democratización de los medios de comunicación en México y a la no imposición de Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo Federal.
 
 “Yo he estado en un movimiento pacífico siempre siendo luchadora social”, observó.
 
Cuando quede en libertad -dice convencida- se dará a la tarea de explicarle a la gente lo que está pasando, pero sobre todo evidenciar que el Estado actúa en contra del estudiantado. “No me voy a callar de ninguna manera”, advirtió.
 
FALTAS AL DEBIDO PROCESO
 
Para la integración de su expediente y su posterior remisión al reclusorio de Santa Martha, bastó como evidencia el testimonio de tres policías y la acusación de la presunta víctima (la policía), pero no se incluyeron en él los vídeos de las cámaras del DF ni los testimonios de los testigos, sostuvo su abogado Sergio Soto Nájera.
 
Sin cumplir las 48 horas en el MP, Jacqueline fue trasladada al reclusorio de Santa Martha Acatitla donde ha recibido burlas y acoso por parte de las custodias.
 
Debido a las manifestaciones en apoyo a la liberación de Jacqueline, la directora del reclusorio la mandó a llamar para decirle que si no cesaban las protestas se vería en la necesidad de usar la fuerza pública.
 
Por tratarse de un delito cometido contra una policía federal, el juez 39 de Distrito (competente del fuero común), turnó el expediente al Juzgado 13 de Distrito de procesos penales donde se volverán a examinar las pruebas y se determinará el proceso legal.
 
14/AJSE/LGL

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