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Evade gobierno mexicano responsabilidad con las mujeres

Por Gladis Torres Ruiz

Nuevamente, este año México no se presentará ante el Comité de expertas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), para rendir cuentas sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mexicanas.

En entrevista telefónica, la maestra Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), dijo que México debería de haberse presentado este mes ante el organismo de Naciones Unidas.

Sin embargo, el gobierno “solicitó retrasar la presentación de México, para septiembre. No obstante, hasta la segunda sesión de 2011 no se encuentra programada dicha presentación”, confirmó la activista, quien calificó el hecho como “grave”, ya que la última vez que México informó sobre sus compromisos con la agenda de las mujeres fue en el 2006.

“Lo que están buscando es dejar que el siguiente gobierno responda a las recomendaciones que el organismo internacional planteó a raíz del informe de 2006. Además de evadir una responsabilidad internacional”, afirmó Teresa Ulloa.

En 2006, el Comité CEDAW extendió recomendaciones enfocadas en los ámbitos legislativo, administrativo, judicial y político, donde expresó su preocupación por la armonización de las leyes y normas federales, estatales y municipales con la Convención, a fin de erradicar la violencia contra las mujeres.

La recomendación fue que México debería de comunicar las medidas adoptadas y los resultados conseguidos en relación a las observaciones del Comité, además de los progresos realizados en la aplicación de sus disposiciones.

Asimismo, instó a México a acelerar la aprobación de la enmienda del Código Penal, para tipificar el feminicidio como delito y aplicar una estrategia eficaz para incorporar la perspectiva de género en todos los planes nacionales, además de recordarle al Estado, su obligación de aplicar de manera sistemática y continua, todas las disposiciones de la Convención.

El primer caso recibido por el comité de expertas de la CEDAW fue el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentado en 2005 por las organizaciones civiles Casa Amiga, de Ciudad Juárez, y Equality Now de Estados Unidos, razón por la que el Estado mexicano recibió la primera recomendación por parte de la CEDAW.

Al respecto, la directora de CATWLAC, afirmó que México está obligado a informar sobre estas recomendaciones, sin embargo evade el tema porque “no ha hecho nada con el pretexto del combate al crimen organizado”.

Es alarmante lo que pasa en el país y las mujeres no podemos ir a denunciar ante las instancias internacionales porque el gobierno pospone las audiencias.

En materia de violencia contra mujeres, en particular en Ciudad Juárez donde cada día esta violencia es más extrema, “se han encontrado cuerpos de mujeres que fueron quemadas vivas”, enfatizó.

La violencia contra mujeres y niñas aumenta cada día en forma de secuestros, violaciones sexuales, trata de personas y desapariciones, sin que hasta el momento haya justicia, lo que permite que estos grupos delictivos sigan actuando en total impunidad.

Si bien Felipe Calderón, convoca a la ciudadanía y a los partidos políticos para apoyar su guerra contra el crimen organizado. “Yo lo convoco a que invite a las mujeres a formar parte de las mesas de diálogo para buscar una salida a este problema; se sabe que en los procesos de paz somos grandes negociadoras, y sabemos dialogar, afirmó la activista.

Comentó que la inclusión de las mujeres en esta discusión, “se podría hacer a través del protocolo de seguridad 1325”. En el año 2000 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó la resolución 1325, que reconoce el impacto de la guerra sobre las mujeres y el rol de ellas en la construcción de la paz.

Esto fue reforzado en 2008 por la resolución 1820, la cual reconoce la violencia sexual en conflictos como un asunto de seguridad que demanda una respuesta de seguridad.

México ratificó la CEDAW, el 23 de marzo de 1981, y ese mismo año entró en vigor. Y de acuerdo con el Artículo 18 de la Convención, México ha presentado sólo seis informes periódicos sobre su aplicación.

Aunque la CEDAW establece que los reportes periódicos deben entregarse en tiempo y forma, el séptimo informe que México debería de haber presentado en 2002, lo hizo hasta 2006, es decir, lleva 4 años de retraso, por lo que en julio de este año tendría que entregar dos, el séptimo y el octavo.

10/GTR/LR/LGL

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