Eventual reparación del daño a indígena presa injustamente

El caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, acusada de secuestrar a tres policías de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en 2006, sale a la luz de nuevo ahora que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) decidirá si procede la reparación del daño por haber sido encarcelada de manera injusta.
 
Este miércoles 9 de octubre el pleno del TFJFA revisará el caso para analizar si es procedente que Jacinta reciba una indemnización del Estado debido a que permaneció en prisión de manera injusta por más de tres años, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) la acusó del plagio de tres agentes de la AFI.
 
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó en un comunicado que la reparación del daño debe ser integral, tal como lo señala la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, única vía que las personas acusen irregularidades de autoridades ministeriales y soliciten la indemnización.
 
Al referirse a la “reparación integral del daño”, la ley sólo incluye rubros como daño personal y daño moral, y no contempla otras medidas de reparación más amplias como ordenarle al Estado una disculpa pública o acciones tendientes a garantizar que hechos como los que vivió Jacinta no se vuelvan a repetir.
 
El Centro Prodh manifestó que espera que la decisión del TFJFA determine que las acciones realizadas por la PGR fueron irregulares y que dañaron bienes jurídicos en perjuicio de Jacinta, por lo que debería ordenar el pago de una indemnización conforme lo marcan los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
 
Cabe acotar que el TFJFA también atrajo los juicios de reparación del daño de Alberta Alcántara y Teresa González, quienes también fueron privadas de su libertad y acusadas injustamente del mismo delito. Al respecto, la defensa de ambas mujeres dijo que ellas igualmente interpusieron una demanda de reparación que sigue pendiente.
 
Jacinta, así como Alberta y Teresa, son originarias de Santiago Mexquititlán, Querétaro. Ellas eran vendedoras en un tianguis donde el 26 de marzo de 2006 agentes de la AFI vestidos de civil ingresaron para realizar un supuesto operativo contra productos “pirata” que terminó en un enfrentamiento.
 
En agosto de ese año las indígenas fueron detenidas por supuesto secuestro y en su momento sentenciadas a 21 años de prisión.
 
Jacinta fue liberada el 15 de septiembre de 2009 ante el desistimiento de las acusaciones por parte de la PGR, mientras que Alberta y Teresa recuperaron su libertad en abril de 2010 tras ser declaradas inocentes por decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
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