La Secretaría de la Defensa Nacional debe responder por los delitos cometidos por militares y no permitir la impunidad en los casos de mujeres violadas, dijo el Obispo de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, al referirse a las violaciones a derechos humanos en los que han participado elementos del Ejército mexicano, desde 1994 y que continúan sin castigo.
El prelado dijo a Cimacnoticias que tanto lo que ocurrió en el municipio de Castaños, Coahuila, el pasado 11 de julio cuando un grupo de militares violó a 14 mujeres, como casos similares registrados en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, «no deben quedar impunes».
Apoyó la iniciativa de la legisladora local, Silvia Garza, del Partido Acción Nacional (PAN) para que el próximo Congreso Federal discuta el contenido del artículo 13 constitucional, que señala que nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni tribunales especiales, pero que, al mismo tiempo, en un segundo párrafo dice que cuando se trate de cuestiones militares y se quebrante la disciplina el caso se pase a la jurisdicción militar.
Raúl Vera tiene la expectativa de que el presidente de la República, Vicente Fox Quesada de seguimiento a la petición que la diputada panista le hizo, a través de un oficio que le entregó en Los Pinos la semana pasada, donde se comprometió «a castigar a los culpables» y a no tolerar ni permitir que se defienda a ninguno de los responsables.
Ha habido otros ultrajes contra mujeres por parte de personal de la milicia, que no han sido castigados y es necesario exigir se aplique la justicia como se hizo en el caso de Coahuila, subrayó.
Desde 1994, organizaciones civiles como Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos han dado seguimiento a varios casos, en diferentes entidades del país, de militares implicados en violaciones y agresiones a mujeres, principalmente indígenas, que hasta la fecha continúan impunes.
El caso más reciente ocurrido en Castaños, Coahuila el ejército mexicano dispuso turnar al fuero común a los implicados, debido a que en este momento postelectoral hay una posición muy delicada respecto a las instituciones.
Por un lado, veo que hubo celeridad y seriedad en la justicia local, se persiguieron los delitos a la par de una reacción de la sociedad civil, son varios los factores, sin embargo el ejército mexicano no va arriesgar su imagen cubriendo a los malhechores que hicieron horrores ante muchos testigos, puntualizó.
En opinión del Obispo de Saltillo, el caso de las indígenas y mujeres violadas en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los militares aprovecharon el aislamiento y los compromisos de las justicias locales para dejar de lado el delito.
Me parece muy acertada la propuesta de la diputada Silvia Garza, no estaría nada mal que la Presidencia de la República y la Sedena fijaran una postura y dieran la cara por primera vez ante todos estos abusos cometidos por elementos del ejército.
Por otro lado, consideró pertinente esclarecer el número de implicados en la agresión sexual contra trabajadoras de Castaños, porque sólo hay ocho detenidos y se han liberado 14 órdenes de aprehensión, aunque las víctimas y testigos hablan de que fueron por lo menos 20 los militares que participaron.
Tenemos una versión clara por parte de los policías agredidos y mujeres violadas de que eran 20 personas involucradas y eso se requiere aclarar porque al menos seis personas no han sido llamadas a cuentas por la Procuraduría del Estado, concluyó.
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