La propuesta de presupuesto para el 2012 enviado por el Poder Ejecutivo de Nicaragua al Legislativo, no contempla partidas específicas para programas de salud sexual y reproductiva, ni para prevenir la violencia física y sexual contra las mujeres.
María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua (MFN) –integrado por 20 organizaciones de mujeres de este país centroamericano–, lamentó que el gobierno del presidente Daniel Ortega se olvide una vez más de destinar partidas concretas para programas y políticas de salud sexual y reproductiva a fin de prevenir los embarazos en adolescentes.
Nicaragua mantiene la tasa más elevada de embarazos en ese sector de la población en toda América Latina.
Blandón criticó que tampoco haya en la propuesta del presupuesto para la salud un monto específico contra la violencia sexual y física hacia las mujeres, a pesar de que según datos oficiales durante 2010 cada dos horas ocurrió una violación y de cada 10 nicaragüenses agredidas físicamente, ocho eran menores de edad.
LA SALUD NO IMPORTA
Un análisis del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) señala que en los últimos cinco años el presupuesto para la salud no ha superado el 4 por ciento del presupuesto general.
Nicaragua tiene el menor gasto per cápita en salud y en la compra de medicina en Centroamérica (CA); en atención anual invierte 49.58 dólares, lo contrario en países de la región cuyo promedio es de 100 dólares.
En la compra de medicinas la nación centroamericana invierte 5 dólares por persona, mientras que en el resto de CA se invierten unos 20 dólares, según el análisis del IEEPP.
De esta manera, es difícil que con el presupuesto del 2012 Nicaragua alcance los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) para 2015, toda vez que se requiere aumentar los fondos para salud con relación al Producto Interno Bruto (PIB).
OPACIDAD PRESUPUESTAL
En el proyecto del presupuesto 2012 no está claro cómo se podrían lograr las metas del ODM en salud y educación. Por ejemplo, en el presupuesto 2011 se especificó la atención del 67 por ciento de las mujeres embarazadas de todo el país con al menos cuatro consultas de controles prenatales.
En cambio, en la propuesta del 2012 sólo se menciona que se atenderá a 114 mil 953 mujeres embarazadas, sin que se sepa el porcentaje que representa esta población respecto al total de nicaragüenses en gravidez. Tampoco se precisa cuántos controles prenatales recibirán esas mujeres.
En materia de inversiones para la salud de la población femenina, el Ministerio del ramo ha presupuestado para 2012 la construcción de sólo una casa materna en todo el país, un centro de salud y un hospital, así como la rehabilitación de cuatro nosocomios a nivel nacional.
En el presupuesto 2012 no se especifica cuánto será la inversión en las casas maternas ya existentes, a pesar de las demandas de organizaciones como el Colectivo de Mujeres de Matagalpa y SIMUJER que señalan la necesidad de mayor equipamiento para esas instancias.
Las casas maternas necesitan de más personal especializado: psicólogas y educadoras sociales que atiendan a las mujeres embarazadas, especialmente las adolescentes de zonas rurales que en muchos casos llegan embarazadas por violación.
María Teresa Blandón advirtió que no hay un seguimiento para atender a las mujeres que sufren de violencia sexual y física en sus comunidades.
NULA EDUCACIÓN SEXUAL
Para colmo, el presupuesto 2012 para educación tampoco integra una partida para aplicar el Manual de Educación Sexual aprobado hace unos tres meses.
Blandón consideró que ese manual está incompleto porque los conceptos no se abordan con la suficiente claridad y profundidad, aunque –acotó– sería un avance para tratar de educar a las y los adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva.
El proyecto de presupuesto quita más de un millón de dólares en gasto de capital al programa de Promoción y Prevención de los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, que ejecuta el Ministerio de la Familia.
María Teresa Blandón dijo que a las organizaciones de mujeres lo único que les queda es acudir ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas, para denunciar la negativa del gobierno de atender las principales demandas de las mujeres.
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