Organizaciones de mujeres de la sociedad civil interpusieron un recurso de amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Congreso de Guatemala por discriminación y exclusión de Hilda Morales Trujillo y Yolanda Auxiliadora Pérez, en el proceso de selección para ocupar las magistraturas en la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con Alicia Rodríguez, del Comité Beijing Guatemala, pese a que Morales y Pérez cuentan con una reconocida trayectoria como mujeres profesionales, sin tacha ética, moral y profesional, no fueron tomadas en cuenta para ocupar los puestos de magistradas para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Alicia Rodríguez dijo que aunque en su momento se pidió a la CC detener la elección de magistrados, para que ellas fueran tomadas en cuenta, la solicitud no fue atendida, y ahora con el amparo interpuesto exigen que se respete el debido proceso, y se emita un fallo favorable.
La académica y feminista dijo en conferencia de prensa que ésta es una evidencia de la discriminación que hay contra las mujeres en Guatemala, pues con esa acción se violaron diversas leyes nacionales y Tratados internacionales que esa nación ha suscrito.
Rodríguez enfatizó que si la CC no falla a favor de las mujeres, se presentará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues no es una acción que afecta en lo personal a las mencionadas profesionales, sino que atenta contra todas las guatemaltecas y envía un mensaje de subestimación, invisibilización, menosprecio y minimización de las capacidades de las mujeres.
Por su parte, Rosario Escobedo, integrante del Sector de Mujeres y de la Agenda Política «Mujeres en la Diversidad», dijo que si es necesario se tomarán acciones de movilización social, pues haber eliminado a Morales y a Pérez de la lista para ocupar los cargos es un acto de discriminación y misoginia, lo que lo convierte en una acción de violencia contra las mujeres.
La abogada Elisa Portillo, una de las profesionales que llevan el caso, lamentó que pese a los altos puntajes que tenían las candidatas, fueron castigadas y excluidas, mientras que los puestos fueron otorgados a personas con menos calificación, incluso con fuertes señalamientos.
Angelina Aspuac, de la sub Secretaría Presidencial de la Mujer, subrayó que el mandato de la entidad que representa es velar que las normas sean cumplidas y estamos ante una clara violación a la Constitución Política de la República, a la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, y una falta de cumplimiento a las recomendaciones que la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).
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