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Exige sociedad civil garantías para aborto legal

Por Rafael Maya

Las mujeres no cejarán en su lucha para que el aborto sea un derecho garantizado y protegido por las leyes y las políticas públicas en México, en momentos en que en el país se repiten casos como el de la joven Paulina, a quien las autoridades panistas de Baja California le negaron la interrupción legal del embarazo por violación, advirtieron hoy activistas y legisladoras.

Como parte de las actividades del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe -que se conmemora hoy-, la Red Nacional contra la Violencia Hacia las Mujeres y los Hombres exigió que se inicien los procesos administrativos y penales contra las y los funcionarios que negaron este derecho a la joven oaxaqueña María, quien recientemente fue violada por su tío.

En conferencia de prensa, Rocío Corral, integrante de esa red, leyó un pronunciamiento a nombre de decenas de grupos civiles, en el que exigen que se agilicen y mejoren los procedimientos judiciales y sanitarios en materia de aborto legal.

La activista recordó que María, joven de 19 años con discapacidad auditiva, luego de intensos trámites logró la orden judicial para interrumpir su embarazo pero las autoridades médicas se negaron a cumplirla, por lo que tuvo que acudir a un hospital privado para que se le practicara el procedimiento.

Apuntó que la legislación penal en materia de aborto es “restrictiva y obsoleta” ya que impide a las mujeres el derecho a una maternidad voluntaria, y no evita la práctica del aborto clandestino. Por el contrario, lamentó, fomenta la muerte de miles de mujeres que se lo practican en condiciones inseguras.

Corral demandó que se sensibilice y capacite a las y los servidores públicos para que cumplan con la legislación en materia de aborto, con independencia de sus valores morales y creencias religiosas.

Observó que en el Distrito Federal, a pesar de que cuenta con la legislación más avanzada a nivel nacional sobre causales para interrumpir un embarazo, el personal médico ha incurrido en la negación del servicio a mujeres que han sido víctimas de violación.

Igualmente, la integrante de la Red afirmó que la despenalización del aborto es una “condición necesaria” para que los derechos sexuales y reproductivos sean reconocidos plenamente como derechos humanos de las mujeres.

La investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM Alma Rosa Sánchez, expuso que en AL y el Caribe se practican al año más de cuatro millones de abortos clandestinos, en los cuales unas seis mil mujeres mueren por complicaciones médicas o de higiene.

Precisó que en México el aborto es la tercera causa de muerte materna, y que en promedio se interrumpen 500 mil embarazos al año. Indicó que las adolescentes son las que más padecen al tener un embarazo no deseado, al ser discriminadas por los servicios de salud y ver coartados sus proyectos de vida.

Sánchez dijo que según cifras del Consejo Nacional de Población, entre 1999 y 2000 se registraron cuatro mil 212 partos de madres adolescentes entre 12 y 14 años de edad, muchas de ellas, acotó, víctimas de abuso sexual. En ese mismo lapso 180 jovencitas murieron por diversas complicaciones relacionadas con el embarazo, refirió.

Por su parte, la diputada Malú Micher del Partido de la Revolución Democrática (PRD) abordó la relación entre aborto y violencia, y sostuvo que las agresiones contra las mujeres además de ser un problema de salud pública constituyen un delito.

Indicó que los códigos de procedimientos penales en los estados no establecen con claridad los mecanismos para que se interrumpa con rapidez un embarazo no deseado. Adelantó que su partido presentará en breve una iniciativa para reformar la Ley General de Salud en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular de las jóvenes.

En ese sentido, indicó que es necesario garantizar en la legislación la obligación de las autoridades sanitarias para que practiquen los abortos legales. También dijo que el PRD prepara una ley general especifica para reformar las legislaciones estatales y ampliar las causales para interrumpir un embarazo.

2004/RM/LR/SM

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