Exigen a Corte respaldar ley contra violencia de género

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua debe proteger y salvaguardar los Derechos Humanos (DH) de la población femenina, por lo que es urgente que defienda la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), exigieron organizaciones civiles del país centroamericano.
 
En un posicionamiento, el Movimiento de Mujeres de Nicaragua demandó a la CSJ que declare como improcedentes los al menos tres recursos de inconstitucionalidad que se han presentado contra la Ley 779.
 
El Movimiento –que agrupa a más de 100 colectivos y organizaciones civiles– exigió al Estado nicaragüense que, a través de la CSJ, cumpla con su obligación de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Recordó que a raíz del empuje del Movimiento se logró que la integridad física, psíquica y moral, así como la igualdad entre las y los nicaragüenses se garantizaran en la Constitución, y que estas reformas impulsaron después la ley que protege a las mujeres.
 
La Ley 779 fue aprobada en febrero de 2012 y establece sanciones para los delitos que se cometan en agravio de las mujeres, entre ellos el feminicidio.
 
También incluye disposiciones para la creación de políticas públicas que prevengan y sancionen todas las formas de violencia de género, y se definen las medidas de protección para las mujeres víctimas de algún tipo de violencia.  
 
Desde su aprobación, diversos grupos conservadores se han manifestado en contra de esa ley con el argumento de que “contradice lo contenido en la Constitución y violenta los DH de la población masculina”.
 
Recientemente dos abogados litigantes y un comerciante presentaron a título propio recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 779, por considerar que impide la mediación entre la víctima y el agresor en los casos de violencia intrafamiliar.
 
La procuradora especial de la Mujer, Débora Grandison –quien defiende la legislación–, declaró que la mediación entre la víctima y el agresor en casos de violencia intrafamiliar, resulta muchas veces en que las mujeres sean asesinadas posteriormente por sus parejas al regresar a sus casas.
 
Según otros recursos de inconstitucionalidad, la Ley 779 “violenta a los varones” debido a que las medidas de protección los obligan a abandonar la casa, incluso si ésta se encuentra a nombre de ellos, y determina que en caso de feminicidio ellos podrán ser considerados como posibles perpetradores del crimen.
 
El Movimiento de Mujeres demandó a la CSJ que reafirme la legalidad y legitimidad de la Ley 779 “aclarando que ésta no contradice ninguna de las normas constitucionales y que por el contrario su objetivo es promover relaciones de igualdad y respeto de los derechos entre hombres y mujeres”.
 
Así como que reconozca el rol de las organizaciones de mujeres y las integre al mecanismo para vigilar el cumplimiento de la norma.
 
La magistrada y presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos Vanegas, convocó a los jueces especializados en violencia que integran la corte, así como a los jueces facultados para aplicar la ley, a una reunión urgente para el próximo 5 de abril a fin de intentar resolver los reclamos. 
 
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