Desesperadas y angustiadas por la ausencia de sus hijos después de 470 días, las madres de los niños desaparecidos del Centro de Adaptación e Integración Familiar A.C. (Caifac) Monterrey, exigieron que las autoridades ofrezcan una recompensa para obtener información sobre el paradero de Adriana, Diana y Julio César.
En conferencia de prensa, las organizaciones «Alternativas Pacíficas», «Arthemisas por la Equidad» y «Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos» (Cadhac), exigieron respuestas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), sobre los presuntos secuestradores integrantes de la Iglesia Cristiana Restaurada fundada por el pastor Jorge Erdely Graham y apoyada por Sergio Humberto Canavati Ayub.
«Manifestamos nuestra más profunda preocupación por el desdén con que las autoridades del estado de Nuevo León han tratado el caso de las niñas y el niño desaparecidos mientras se encontraban bajo el supuesto cuidado de Caifac Monterrey», señalaron.
Explicaron que los señalados como responsables directos de la desaparición de los tres niños y otros menores de Casitas del Sur y La Casita de Cancún bajo la custodia de los albergues de la Iglesia Cristiana Restaurada «siguen sin ser llevados ante la justicia y los reclamos de sus familias y de la sociedad, siguen sin ser escuchados».
Recordaron que antes de que desaparecieran Adriana, Diana y Julio, las autoridades tenían datos que les permitían conocer que los niños se encontraban en una situación de riesgo.
De hecho, fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente 129/2009, quien documentó que el 18 de diciembre de 2008, el Ministerio Público pidió a las autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que investigaran la situación, pero dichos funcionarios hicieron caso omiso y solo realizaron una entrevista parcial dejando a los niños en Caifac, en lugar de ingresarlos a otra casa hogar, mientras investigaban los hechos denunciados.
Consuelo Morales, directora de «Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos», consideró que en la desaparición de los menores de edad, se violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos del niño y se incurrió en prestación indebida del servicio público:
«La sociedad necesita que el sistema de guarda y protección de la infancia sea transparente y eficaz, que se rija por el derecho y busque siempre el interés superior de las niños y los niños, y que cuando haya una irregularidad sea correctamente investigada y subsanada».
A su vez, el abogado de Cadhac, Damián Garza, señaló que el secretario de Salud de Nuevo León, Jesús Zacarías Villarreal Pérez, se comprometió a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 167 para la prestación de servicios de asistencia social para menores, la cual no fue aplicada en los albergues y esto permitió que el lugar siguiera operando sin cumplir con asuntos básicos como por ejemplo, tener un expediente de cada niño.
«Esta norma nunca se aplicó. Hay una grave omisión y responsabilidad de la Secretaría de Salud. El espíritu de la norma tiene que ver con la protección integral de los menores de edad en albergues como vigilar que estudien, que tengan nutriólogos, actividades recreativas y en definitiva bienestar», dijo.
Las organizaciones no gubernamentales que apoyan a las madres de los niños, exigieron que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, emita un pronunciamiento oficial al respecto.
«Exigimos que las autoridades den resultados puntuales en este caso: que las niñas y el niño sean localizados con vida y devueltos a sus respectivas madres, que los responsables sean llevados pronto ante la justicia y que se tomen medidas serias que eviten la repetición de estas violaciones».
10/SM/LR/LGL
