Ante el drástico aumento de asesinatos de mujeres, desapariciones forzadas y agresiones contra defensoras de Derechos Humanos (DH), un grupo de organizaciones civiles exigió a los cuatro candidatos a la Presidencia que fijen su postura al respecto.
En conferencia de prensa, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos ?integrada por 71 organizaciones en 22 estados del país? advirtió que en estas campañas electorales no se han escuchado propuestas que indiquen que en el próximo gobierno habrá un cambio real en materia de DH.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), sostuvo que en los últimos años se agudizó la violencia contra las mujeres sin que el Gobierno mexicano hiciera algo al respecto para prevenir y castigar estos delitos.
Información registrada por el OCNF revela que de 2007 a 2010 se documentaron 3 mil 139 muertes violentas de mujeres en sólo 13 entidades del país, sin contar Chihuahua, estado emblemático por la ola de casos de feminicidio perpetrados con especial saña y violencia.
Encontrar cuerpos de mujeres mutilados, torturados, quemados y abandonados en la vía pública o en parajes solitarios es muestra de la discriminación de género, una situación que pese a ser alarmante parece no importarle a los candidatos que aspiran a gobernar el país, señaló.
«Preocupa la falta de compromiso de las autoridades mexicanas», criticó Estrada.
A decir de la defensora aunque en 14 entidades se ha tipificado el feminicidio como un delito grave, en la mayoría de éstas no se legisló de forma integral toda vez que no se obligó a la creación de protocolos de investigación criminal con perspectiva de género.
Al incremento de los casos de feminicidio se suman las desapariciones de niñas y mujeres, que en opinión de las organizaciones, se enmarca en la trata de personas. Estrada agregó que de enero de 2010 a junio de 2011 en nueve estados se registraron 3 mil 282 desapariciones de mujeres.
Ante este panorama las organizaciones pidieron que la candidata y los candidatos se pronuncien de manera clara y contundente a favor del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por feminicidio, referente al caso del Campo Algodonero.
Estrada advirtió que es de especial importancia cumplir con ésta toda vez que la CoIDH condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en el asesinato e impunidad de tres casos de feminicidio ocurridos en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Indicó además que al gabinete del próximo Presidente le tocará dar seguimiento a la elaboración de manuales ministeriales de investigación, implementar servicios periciales con perspectiva de género y garantizar investigaciones rápidas y eficaces.
Asimismo la siguiente administración federal deberá elaborar el banco de información genética de mujeres desaparecidas y asesinadas, que hasta ahora no existe.
En este sentido la activista dijo que las organizaciones quieren saber las propuestas de la y los abanderados presidenciales acerca de cómo implantarán los mecanismos de protección para las mexicanas establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como la Alerta de Violencia de Género.
«Necesitamos acciones claras y contundentes para atacar la discriminación contra las mujeres, de lo contrario estamos haciendo una simulación» aseveró Estrada al reiterar su llamado para que éste y otros temas respecto a los derechos de la población femenina sean abordados por la y los candidatos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, entre otras organizaciones, suscribieron estas demandas y pidieron garantías para que las y los defensores continúen su labor.
12/AGM/LGL
