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Exigen detener ya criminalización de salvadoreñas por abortar

Por Anaiz Zamora Márquez

Pese a las campañas y llamados internacionales que piden al gobierno salvadoreño garantizar la vida y salud de la población femenina con la legalización de las causales de aborto, en el país centroamericano las mujeres que interrumpen su embarazo –incluso de forma involuntaria– siguen siendo criminalizadas, e incluso condenadas a 30 años de prisión.
 
Ante esa realidad, que se agrava con la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la alta tasa de embarazos en adolescentes y la poca denuncia de los delitos de violación sexual, el movimiento feminista en El Salvador ha asumido un compromiso con las mujeres en medio de un contexto adverso contra quienes defienden los Derechos Humanos (DH).
 
Angélica María Rivas Monge, coordinadora de la Comisión Jurídica de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador, conversó con Cimacnoticias sobre el difícil proceso que han emprendido las activistas para defender los DH de las mujeres, en una nación que desde 1998 penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia.  
 
La Agrupación Ciudadana es la organización civil que representa legalmente a 17 mujeres en situación de pobreza que tuvieron partos extra hospitalarios o problemas obstétricos, y no contaron con la asistencia médica adecuada, por lo que fueron denunciadas por aborto y condenadas a penas de entre 30 y 40 años de cárcel, al ser procesadas por el delito de homicidio agravado.  
 
Rivas Monge contó que antes de que fuera modificado el Código Penal en 1997 (reforma que entró en vigor al año siguiente) se permitía que las mujeres interrumpieran su embarazo en caso de violación sexual, peligro para la vida de la mujer, o en caso de que el producto presentara malformaciones incompatibles con la vida.
 
Sin embargo, no existía un procedimiento claro para acceder a esas causales. “Por ejemplo en el caso de violación, se exigía que el agresor ya estuviera en prisión, (pero) para cuando eso pasaba, el embarazo ya estaba muy avanzado”, dijo la activista.
 
Por ello, durante el proceso de reforma al Código Penal nacional, el movimiento feminista buscaba que se crearan los protocolos adecuados para acceder a las causales.
 
“Fuimos amenazadas con ser denunciadas del delito de ‘instigación  y ayuda al aborto’, que se penaliza hasta con cinco años de prisión, y finalmente perdimos la batalla ante la jerarquía católica y conservadora que buscaba la prohibición total del aborto”, recordó Angélica María Rivas.  
 
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal –a decir de la defensora–, se agudizó el contexto de criminalización contra las mujeres que interrumpen su embarazo.
 
En 2009 la prensa estadounidense retomó el caso de Karina, quien había sido procesada en un inicio por aborto y fue condenada por homicidio agravado. La Agrupación Ciudadana decidió buscar a esta salvadoreña y representarla legalmente hasta que recobrara su libertad.
 
Rivas Monge contó que la Agrupación Ciudadana tuvo un acercamiento con el Centro Las Libres –organización guanajuatense con sede en el estado de Guanajuato–, que ya había logrado el excarcelamiento de mexicanas que también habían sido criminalizadas por abortar. “Pudimos reunirnos con ellas y empaparnos de su experiencia”, destacó.
 
A raíz de una investigación realizada por la organización salvadoreña se detectó que de 2000 a 2011, un total de 129 mujeres habían sido procesadas por aborto, y más de 20 estaban privadas de su libertad.
 
Tras revisar los casos, se decidió presentar en abril de 2014 una solicitud de indulto para 17 mujeres a la Asamblea Legislativa de El Salvador, basada en la Ley Especial de Ocursos de Gracia.
 
De acuerdo con la especialista, no se debe confundir con “perdón”, ya que a nivel jurídico dicho recurso se concede por razones de justicia y equidad.
 
En ese sentido, la organización argumentó la solicitud con base en la inocencia de las mujeres, “pues ellas fueron víctimas de un sistema de criminalización y debían ser indultadas por razones de justicia, equidad y Derechos Humanos”.  
 
A más de un año de iniciada la campaña “Libertad para las 17”, (acogida por organizaciones internacionales), 15 de ellas siguen en prisión luego de que una cumpliera su condena de 12 años de cárcel y fuera puesta en libertad, y en enero de este año se otorgara el indulto a Guadalupe.
 
Aunque no han sido notificadas oficialmente, se sabe que la Asamblea Legislativa negó el indulto a las otras 15 mujeres, pero aún se desconocen las razones de la negativa.
 
En tanto, la criminalización no ha cesado y de 2011 a la fecha la organización ha identificado 10 casos más de mujeres procesadas inicialmente por aborto, pero condenadas por delitos más graves, el caso más reciente se dio hace un mes.
 
De ese total, la Agrupación representa legalmente a seis mujeres, además de las 15 que aún están en reclusión.
 
“Nuestra campaña por la libertad de estas mujeres continúa, estamos buscando otras estrategias para demostrar su inocencia y obtener su libertad; tenemos un compromiso con ellas y con sus familias que seguiremos honrando”, refrendó Rivas Monge.  
 
La también abogada sostuvo que a raíz de la campaña se ha presionado al Estado salvadoreño para sostener un diálogo al respecto (incluso Naciones Unidas ha ofrecido ayuda para orientar al gobierno en el proceso), pero no ha accedido a ello.  
 
“No estamos hablando únicamente de aborto, sino de otras garantías a la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, dijo. Puso como ejemplo que aproximadamente el 33 por ciento de los partos a nivel nacional corresponden a adolescentes, y aunque no hay cifras exactas, un alto número de esos embarazos fueron producto de violación.  
 
A lo que se suma que el Ministerio de Salud salvadoreño no genera bases de datos y estadísticas sobre interrupciones del embarazo o muertes maternas por abortos inseguros. “Es como si en El Salvador el aborto no existiera, pero sabemos que no es así y que muchas mujeres continúan arriesgando su vida para interrumpir su embarazo”, alertó la feminista.
 
Angélica Rivas llamó a las organizaciones civiles de América a voltear la vista a El Salvador, y evidenciar la necesidad de que el gobierno dialogue con todos los sectores de la población a fin de que se respeten los derechos de todas las mujeres.
 
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