Alrededor de mil 200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua; dos mil 800 millones carecen de saneamiento básico y de estos, 55 por ciento son mujeres y niñas, dijo hoy aquí la investigadora colombiana Mariela Adela Rivera-Santander, en el Foro Internacional los Derechos de las Mujeres en los Acuerdos Comerciales.
Al presentar la investigación Efectos de la Privatización de los Servicios de Agua en Mujeres, Niños y Niñas Colombianos, la coordinadora nacional de la Mesa de Trabajo Mujeres y Economía de Colombia añadió que 2.2 millones de niñas y niños en el mundo mueren cada año de enfermedades relacionadas al consumo de agua contaminada.
Refirió que una de las metas del milenio establecidas por Naciones Unidas es reducir en 50 por ciento la población sin agua y saneamiento básico para el año 2015, acción que costaría 380 mil millones de dólares, lo que equivale a lo que todos los países pobres pagan a los ricos por el servicio de su deuda externa o la cuarta parte del costo estimado de la guerra de Irak.
La también representante legal de la Red Latinoamericana De Mujeres Transformando la Economía (REMTE) afirmó que a pesar de que la mayoría de los países aseguran que el agua es un bien que no puede ni debe ser comercializado, el recurso es considerado en el Acuerdo General sobre Comercio y Servicios (GATS, en inglés), sin tomar en cuenta el desarrollo humano.
En el caso del agua, añadió, el «villano de la película» es la Unión Europea (UE), que anunció que exigirá la inclusión del agua a 72 países, 22 latinoamericanos, uno de ellos México, para que junto con el servicio de alcantarillado sean considerados en las negociaciones de los acuerdos bilaterales del GATS.
Cuestionó los costos que tendría la privatización de los servicios y expuso que sólo tres empresas europeas controlan desde ahora el 90 por ciento de los servicios de agua privatizada, con una población equivalente a los 270 millones de consumidores, el resto son controladas por otras seis empresas europeas y una estadounidense.
Mostró preocupación ante la insistencia de la UE de incluir el agua en las negociaciones del GATS, sobre todo porque bajo las reglas de la OMC este servicio no podría retornar al sector público, aún cuando la empresa no cumpla con las condiciones.
Como ejemplo señaló estudios realizados en Cochabamba, Bolivia, según los cuales la privatización del agua ha provocado un aumento indiscriminado en el precio hasta del 200 por ciento, en tanto que en Conakry, Guinea del 500 por ciento en sólo cinco años, con un grave impacto en la vida de mujeres, niñas y niños desplazados.
La investigadora añadió que se han documentado casos de mujeres jefas de familia de Colombia y Filipinas, en donde cuando les cortan el servicio porque ya no lo pueden pagar, vuelven a utilizar agua contaminada, lo que las expone a sufrir graves enfermedades y de nuevo tienen que dedicar horas al acarreo o dejan de pagar gastos de alimentación, salud o educación para comprar agua.
Esta situación representa una grave violación de los derechos humanos que ponen en riesgo la vida, la seguridad, la alimentación, la salud y educación de los pobres en los países del sur, especialmente de las mujeres indígenas y campesinas, siempre y cuando prospere la privatización en el marco de los acuerdos de la OMC, que habrán de discutirse esta semana.
La especialista recogió las recomendaciones de la organización civil británica Save the Children para que la UE retire de inmediato todas las solicitudes para la inclusión de agua y servicios, así como cualquier ronda futura que ponga en riesgo la salud, el bienestar y la vida de las personas que se ven afectados por la agenda de promoción de las empresas europeas.
LA SOMBRA DEL BANCO MUNDIAL
Destacó que no es sorpresivo descubrir que el Banco Mundial ha dado prioridad a la privatización de los servicios como condición para futuros préstamos, de hecho la privatización del agua y la eliminación de subsidios fue una condición de 30 por ciento de sus acuerdos por país en el 2000 y 40 por ciento de los logrados en 2001.
El Foro Internacional los Derechos de las Mujeres en los Acuerdos Comerciales inició ayer lunes y concluye este día en el principal destino turístico de México, como parte del Foro de los Pueblos Por Una Alternativa Frente a la OMC, promovido por grupos civiles opuestos a la globalización.
Estas reuniones tienen lugar en forma paralela a la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, que iniciará el miércoles en esta misma ciudad y a la que está prevista la asistencia de 144 ministros de Comercio del mundo, así como unos 12 mil invitados.
Las participantes discuten temas como género y los derechos de propiedad intelectual, la relación entre mujeres, patentes y servicios, cómo afecta la globalización a las mujeres en las zonas maquiladoras, y las implicaciones del género en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, entre otros temas.
Este Foro fue convocado por las organizaciones Mujeres para el Diálogo, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Marcha Mundial de las Mujeres, Red Nacional de Género y Economía, Red de Mujeres Transformando la Economía y la Red Internacional de Género y Comercio.
Además el Comité de Mujeres de la Alianza Social Continental, la Coordinadora Nacional de Mujeres de Organismos Civiles Por un Milenio Feminista y la Asociación Mexicana de Mujeres Organizadas en Red.
2003/SJE/RGR/MEL
