La organización no gubernamental Kinal Antzatik envió una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para denunciar la violación de los derechos humanos de Nadia Zepeda Molina, presa en el Centro de Readaptación Social Femenil Oriente de la Ciudad de México.
La ONG informó que Nadia fue acusada injustamente por el delito contra la salud en su modalidad de comercialización.
La joven de 18 años de edad, fue aprehendida el 23 de enero pasado en la calle de Retorno 3 de sur 12-C en la colonia Agrícola Oriental durante un operativo del Grupo Sagitario en el que fueron detenidas varias personas por error.
Nadia fue obligada a abordar una camioneta en la que agentes policiacos la acosaron sexualmente y le exigieron desnudarse, o de lo contrario, iría a parar a la cárcel.
Al negarse a acceder a sus peticiones, la joven fue conducida a oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública en la colonia Cuahutémoc y luego presentada ante el Ministerio Público donde fue intimidada de nueva cuenta, negándosele el derecho a comunicarse vía telefónica.
La organización denunció una serie de irregularidades durante el arresto y lo que va del proceso, como son las contradicciones en las declaraciones de los elementos de seguridad involucrados en el caso, Fernando Juárez, Pascual Cruz y Guillermo Flores quienes dicen desconocer los operativos antidrogas.
Actualmente, el caso se encuentra en el periodo de conclusiones, sin embargo Kinal externó su preocupación por la forma en que la jueza 5 de Distrito de Procesos Penales, Olga Sánchez Contreras , valora las pruebas, toda vez que desde el auto de formal prisión ignoró la declaración e Nadia y no se inició ninguna investigación contra los elementos de seguridad pública.
Kinal Antzetik opinó que la jueza debe respetar las garantías individuales de la joven y cumplir cabalmente la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, de la que México es signatario.
Igualmente apegarse a la Convención Americana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, ratificada por México en noviembre de 1998.
De esta forma, Kinal pidió tanto a la SCJN como a la CNDHDF analizar el caso, una investigación contra los policías involucrados por abuso de autoridad y garanticen el acceso a una justicia imparcial, emitiendo una sentencia ajustada a derecho, respetando las garantías individuales y derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales y se respete la presunción de inocencia.
2003/SM/MEL
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