Una década después de sufrir una violación tumultaria a manos de integrantes del ejército mexicano, tres hermanas tzeltales continúan sin recibir justicia, pese a que su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así lo denunció ayer por la noche la abogada de las hermanas indígenas, Marta Figueroa, al presentar el Diagnóstico de la Situación de las Mujeres Indígenas Desplazadas en Chiapas patrocinado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Las indígenas desplazadas, que podrían sumar hasta 50 mil en Chiapas, viven cotidianamente violencia doméstica, señaló la abogada.
Figueroa abundó que ellas están expuestas a la petición de favores sexuales de funcionarios de la paraestatal Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados (Comar), e incluso de un chofer de una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyo nombre no reveló.
Sin embargo, esta violencia sexual no es privativa de México, sino de todos las zonas de conflicto del planeta como lo registra cada uno de los informes de la ONU sobre el tema, detalló.
Aquí, donde «seguimos viviendo un conflicto armado» llamado guerra de baja intensidad, el problema es que «vivimos en una democracia de muy baja intensidad», agregó.
Martha Figueroa ha pugnado por justicia para las tres hermanas Santiz desde que los hechos ocurrieran en un retén militar, cerca de Las Cañadas, en el municipio de Altamirano, zona de fuerte presencia zapatista, el 4 de junio de 1994.
Desde marzo de 2001, la CIDH exhortó a través de la recomendación 53/01 al gobierno de Vicente Fox para investigar de manera seria e imparcial la denuncia de las tzeltales y determinar la responsabilidad penal de los violadores.
Aunque la denuncia se realizó en junio de 1994 con pruebas sustanciadas, el Estado mexicano archivó el expediente «ante la falta de comparecencia de las jóvenes a declarar y a someterse a nuevas pericias ginecológicas» ante la justicia militar.
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