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Exigen ONG adhesión de México a Corte Penal Internacional

Por Miriam Ruiz

Medio centenar de organizaciones civiles pidieron hoy al gobierno mexicano que ratifique ya el Estatuto de Roma, que valida la Corte Penal Internacional (CPI), en congruencia con su reciente decisión de extraditar a España al argentino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de crímenes contra la humanidad.

En el marco del seminario La Justicia Penal Internacional, la Coalición Mexicana por la CPI, encabezada por Irma Pérez-Gil, exhortó al gobierno mexicano a signar el Estatuto de Roma lo antes posible tras lamentar que México se haya quedado rezagado en lo que consideró como “un hito histórico”.

La Academia Mexicana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional-México, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fray Francisco de Vitoria, así como el Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Defensoras Populares y Genocidio Nunca Más, son algunas de las organizaciones peticionarias.

Al llamado para ratificar la CPI se sumaron también medio centenar de firmas de ciudadanos, entre ellos el jurista Miguel Sarré, al padre Miguel Concha Malo y la feminista Gabriela Rodríguez.

A un año de la entrada en vigor de la Corte Penal Internacional (CPI), que permitirá se juzguen crímenes de guerra y lesa humanidad, incluyendo agresiones a mujeres en el contexto de guerra, 90 países firmaron ya el Estatuto de Roma, documento que valida la existencia del primer tribunal internacional permanente.

México se ha negado a firmar el documento alegando razones de soberanía, lo que contradice su reciente decisión de extraditar a España al argentino Ricardo Miguel Cavallo, capitán de corbeta de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), acusado, entre otras cosas, de la desaparición de 16 bebés y sus madres, así como de 200 opositores durante la llamada “guerra sucia” en Argentina.

Al llamado de la coalición se unieron el representante de Amnistía Internacional ante la ONU, Renzo Pomi y Hugo Relva, asesor de Amnistía Internacional sobre la CPI. Ambos sudamericanos, presentes en la conferencia, se unieron al beneplácito por la llegada a España de Cavallo.

Sin embargo, Hugo Relva, de origen argentino, lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya debilitado el argumento sobre el delito de tortura. Relva considera, en oposición al máximo tribunal mexicano, que la tortura es un delito que nunca prescribe.

“No será sencillo”, opinó sobre el proceso penal de la llegada de Miguel “Serpico” Cavallo, quien fue llevado a Madrid este fin de semana para ser juzgado por el juez Baltasar Garzón bajo acusaciones de genocidio y crímenes contra la humanidad.

Por su parte, el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Luis Díaz Muller, opinó que tras la extradición de Cavallo, dos pasos importantes para la justicia internacional serían la extradición a España de los 48 militares argentinos involucrados en las desapariciones y de los responsables del genocidio guatemalteco.

Lo anterior en entrevista durante el seminario auspiciado por la coalición donde también participaron Renzo Pomi, Hugo Relva, José Antonio Guevara, director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y Patricia Neri, catedrática de la Universidad de Hidalgo e integrante de la coalición.

2003/MR/MEL

       
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