Exigen OSC al gobierno federal no criminalizar protesta social

En el contexto de las detenciones arbitrarias de jóvenes estudiantes (entre ellas tres mujeres) que marcharon el 20 de noviembre en la capital del país en apoyo a Ayotzinapa, organizaciones civiles exigieron al gobierno federal y capitalino que garantice el libre ejercicio del derecho a la protesta y llamaron a la sociedad a continuar manifestándose.
 
En rueda de prensa el día de hoy, organizaciones civiles como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Amnistía Internacional (AI) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, presentaron una campaña para redes sociales con los hashtag #ProtestaLibre y #LibertadYa”.
 
Con la campaña se pretende evitar que en las próximas manifestaciones (como las que se prevén para este 1 de diciembre, por los dos años que Enrique Peña Nieto lleva al frente del Ejecutivo) elementos policiacos repriman con violencia y detenciones arbitrarias, como sucedió el pasado 20 de noviembre.
 
Cabe recordar que como resultado de estas acciones, 3 mujeres estudiantes fueron detenidas con violencia, presentadas ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y luego llevadas al penal federal número 4 (de máxima seguridad) en Tepic, Nayarit, donde permanecen recluidas.
 
Mónica Oehler, responsable de estrategias jurídicas de Amnistía Internacional, acusó que estos hechos buscan inhibir la protesta social y se suman a las violaciones constantes a Derechos Humanos que se cometen en México.
 
Agregó que deberá investigarse la tortura, los malos tratos y las violaciones al debido proceso que denunciaron las 11 personas detenidas el 20 de noviembre, las cuales ya fueron documentadas por las y los defensores.
 
El padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos del Fray Victoria, señaló que es necesario que el gobierno de la Ciudad de México, al igual que la Comisión de Derechos Humanos (tanto nacional como local), y las instituciones capitalinas, actúen de manera autónoma al poder federal y se despliegue un operativo respetuoso de los DH que realmente resguarde a la sociedad manifestante y no la criminalice.
 
Criticó que estas detenciones demuestran un desvío de poder en la aplicación del derecho penal, ya que las autoridades “fingen que siguen más o menos todos los pasos de un procedimiento del sistema de justicia, pero no para hacer justicia sino para distorsionarla en función de intereses económicos y políticos”.
 
“Queremos que haya órganos de procuración de administración de justicia derechos, no distorsionados”, llamó el activista.
 
Las organizaciones civiles recordaron que dos días antes de la marcha del 20 de noviembre, el titular del Ejecutivo Federal dio un discurso (a modo de advertencia) en el que informó sobre una supuesta intención (sin especificar el sujeto) de desestabilizar al país y en él enfatizó el derecho a utilizar la fuerza pública para inhibir la supuesta “amenaza”.
 
Cinco días antes de estas detenciones, Jacqueline Santana (estudiante de economía que participó pacíficamente en las movilizaciones sociales #YoSoy132 y en asambleas universitarias), fue detenida afuera de su casa (al igual que Bryan Reyes Rodríguez, quien fue uno de los detenidos en la manifestación del 1 de diciembre en 2012) por policías federales de inteligencia encubiertos.
 
Ambos fueron sometidos dentro de dos autos y acusados frente al Ministerio Público del presunto robo de 500 pesos a una mujer policía, delito por el que Jacqueline Santana se encuentra detenida en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla.
 
El abogado del caso, Sergio Soto,  informó que será hasta el lunes cuando el juzgado federal al que se turnó este asunto reciba el expediente y evalúe nuevamente las pruebas desahogadas por ambas partes, la denunciante y la acusada.
 
14/AJSE/LGL