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Exigen sentencia absolutoria para defensora Bettina Cruz

Por la Redacción

Ante la eventual emisión de la sentencia que definirá el estatus legal de la defensora Lucila Bettina Cruz Velázquez –procesada por privación ilegal de la libertad–, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió el cese de la criminalización de la activista y que se respete el debido proceso.
 
La Red envió un oficio al Juez Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca, Anastacio Ochoa Pacheco, para evitar “el uso arbitrario e ilegitimo del aparato de justicia para criminalizar a la defensora, y que la sentencia se rija bajo los criterios de imparcialidad e independencia”.
 
En el oficio se demanda una sentencia que se rija conforme los “más altos estándares internacionales en materia de Derechos Humanos (DH)”, sea garante de la presunción de inocencia y garantice el derecho a defender las garantías fundamentales.
 
Lucila Bettina Cruz Velázquez es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT). Fue detenida el 22 de febrero de 2012 e ingresada al Reclusorio Regional de Tehuantepec, en Oaxaca.
 
La Red advirtió que la activista fue criminalizada por participar en una manifestación pacífica que el APIITDTT realizó frente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Juchitán, para exigir respeto a los territorios indígenas y rechazar la instalación de centrales eólicas en tierras de uso común en la región del Istmo.
 
Aunque la defensora –que desde 2007 emprendió una ardua labor en defensa de la tierra– fue puesta en libertad dos días después de su detención, desde ese entonces tiene que acudir al Ministerio Públicos cada día 15 de mes.
 
De acuerdo con la RNDDHM, el proceso contra Bettina Cruz fue activado por la Procuraduría General de la República (PGR) “como una estrategia de intimidación, persecución y criminalización a su labor, y ha sido evidente que dicho proceso judicial tuvo como único fin limitar el hacer de la defensora y servir como un mecanismo de criminalización de la protesta social”.
 
La Red –que agrupa a 168 defensoras pertenecientes a 96 organizaciones civiles– anunció que se mantendrá al tanto de la resolución judicial, pues “obran suficientes pruebas para emitir una sentencia absolutoria”.
 
Además de su petición al juez, la Red exigió al gobierno federal y del estado de Oaxaca garantizar que las defensoras de DH puedan realizar su labor en condiciones de seguridad, sin represalias y en un ambiente libre de violencia.
 
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