Exigen, una vez más, despenalización del aborto en Nicaragua

Más de 30 mujeres de unas 12 organizaciones civiles que integran el Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT) llegaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para presentar un escrito de protesta a ocho años de que este derecho fue penalizado.
 
Unas 30 mujeres mueren al año en Nicaragua por problemas vinculados a la negación del aborto legal, denunció Mayte Ochoa, integrante de la organización Ipas-Centroamérica.
 
Durante ocho años consecutivos el GEDAT ha reclamado a los magistrados de la CSJ que resuelvan los recursos de inconstitucionalidad presentados ante ese poder del Estado, pero la respuesta del secretario de la Corte, Rubén Montenegro, es que el proyecto de sentencia está elaborado pero faltan las firmas de los magistrados, explicó Ochoa.
 
“Esto es una falta de interés del Estado, de estos magistrados que reciben salario de los impuestos de la ciudadanía”, sin embargo no les preocupa la vida de las mujeres en su mayoría de escasos recursos, reiteró.
 
En los hospitales no se les informa a las mujeres sobre sus problemas relacionados al embarazo y las dejan continuar con el mismo, y al final ellas se suman a la lista de muertes maternas del país, señaló la activista.
 
El Estado maquilla las cifras de muertes maternas y luego aparecen como suicidio o por otras causas de muerte, pero muchas están relacionadas al embarazo, el cual si se les permitiera interrumpirlos debido a sus problemas de salud todo sería distinto, abundó la integrante de Ipas.
 
Magali Quintana, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), dijo que se han presentado más de 40 recursos reclamando la restitución del aborto terapéutico y al año más de cuatro veces protestan para reclamar este derecho negado por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
 
Las mujeres siguen muriendo mientras la CSJ no les da respuesta, pero la lucha va a continuar, advirtió Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV).
 
La RMCV reclama también a la CSJ que le dé respuesta a estos recursos por inconstitucionalidad presentados por las organizaciones de mujeres desde 2006, cuando los diputados, atendiendo posturas de las iglesias y de organizaciones Provida, penalizaron el aborto terapéutico que estuvo permitido en la ley por más de 100 años.
 
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