La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que existe ineficiencia, imparcialidad y negligencia por parte las autoridades estatales y federales para resolver los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua.
En conferencia de prensa, Adriana Carmona y Sofía Lascurain, integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dieron a conocer los resultados de las audiencias, que el pasado jueves 7 de marzo se realizaron en Washington, sobre México en materia de derechos humanos.
Uno de los casos más relevantes, indicaron, fue el relacionado con la situación que viven las mujeres en esa ciudad fronteriza.
Como resultado de esas audiencias, destacaron que el relator para México y presidente de la CIDH, Juan Méndez estará en nuestro país en mayo próximo, para dar seguimiento de los avances concretos que el gobierno mexicano realiza para la erradicación de esa problemática.
Durante las audiencias se acordó que para el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada es necesario que las autoridades responsables otorguen los recursos necesarios, garanticen la respuesta eficiente y expedita en las investigaciones, establezca los mecanismos necesarios para proteger a los representantes legales de las víctimas y testigos involucrados en la investigación.
Adriana Carmona y Sofía Lascurain señalaron que durante las reuniones se destacó que independientemente del partido político al que han pertenecido, las autoridades del estado de Chihuahua, justifican los crímenes por el tamaño de la falda de las víctimas, porque salen solas de noche, porque acuden a bailes o porque caminan por lugares oscuros.
En ese sentido, revelaron que la respuesta del titular de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, Jesús José Solís Silva, fue especialmente desconcertante, ya que una vez más demostró las actitudes sexistas que mantienen las autoridades estatales.
De ello, indicaron que Solís Silva estableció que las penas contra de quienes resulten responsables de violación aumentaron, pero sólo en los casos que la víctima pueda demostrar su buen comportamiento moral.
Las autoridades han mostrado una gran ineficacia al integrar los expedientes y al hacer las pruebas periciales. «Ineficacia que se agrava por las pugnas electorales en las que se encuentran inmersos, especialmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Por otra parte informaron que en el caso que más se encontró reticencia, por parte del gobierno mexicano, fue el asunto de las indígenas tzeltales, caso en el cual la CMDPDH participó en representación de la abogada Martha Figueroa del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (COLEM).
Al respecto, el gobierno mexicano reconoció que no hay avances debido a que las autoridades militares no han aportado mayor información sobre los mecanismos de cumplimiento en cuanto a las diligencias de investigación.
En esa audiencia, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), copeticionaria del caso, solicitó se reanuden las mesas de trabajo con la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a tener una reunión de trabajo en Chiapas a fin de contar con la presencia de las víctimas.
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