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Existe vacío legal para tratar violencia familiar

Por Esther de la Rosa

En México existe un vacío en el procedimiento legal de denuncia de violencia intrafamiliar y los procesos judiciales de denuncia tienden a buscar la conciliación con el agresor en lugar de su castigo, hecho que legitima la violencia en contra de las mujeres. Esta es la situación que priva para los 25 millones de mexicanas que se calcula padecen este tipo de agresión.

Pilar Delgado Ortiz, abogada de Vereda Themis, una organización civil que litiga en favor de las mujeres en casos de violencia familiar, considera que en México es necesaria una visión federal e integral de esta problemática, ya que cada entidad federativa cuenta con leyes distintas en este ámbito. Así, señala que “en un estado la violencia puede ser causal de divorcio y en otro no”.

La abogada observa que, además de que existe un vacío en el procedimiento legal, éste no ofrece agilidad necesaria e implica a las mujeres en procesos demasiados largos; asimismo, considera que existe un vacío real, ya que no existen instancias que trabajen en serio sobre estas cuestiones.

En ocasiones, cuando las mujeres presentan una demanda por una causal relacionada con la violencia, la dilación en la procuración de justicia provoca que ellas, ante la lentitud del proceso, opten por pactar un convenio, lo que anula la causal y deja al agresor libre de delito.

Además, en materia penal considera que en el Distrito Federal la situación es aún peor. “Se estableció una división muy compleja a la hora de atender los delitos y las mujeres que denuncia tienen que ir de un lado a otro” debido a la excesiva división de competencias institucionales.

Con respecto a las competencias de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), éstas se distribuyen entre la Dirección General de Atención a Víctimas, la Fiscalía de Procesos de lo Familiar, la Fiscalía para Asuntos del Menor y la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Pero además, según el Sistema de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en el DF (Saprevif-DF), las personas víctimas de violencia familiar pueden acudir a instancias como la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social, al Servicio de Localización Telefónica LOCATEL, al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o al Instituto de las Mujeres (Inmujeres-DF), entre otras instancias.

Para Andrea Medina, abogada y asesora de la Comisión Especial del Feminicidio, este gran número de instituciones en la Ciudad de México dificulta la existencia información sistematizada sobre, por ejemplo, el número total de sentencias emitidas en favor de las mujeres denunciantes, o el número de multas impuestas a los agresores desde las Unidades de Atención y Prevención de las Violencia Familiar (Uapvif) en la Ciudad de México.

“Muchas veces no sabes si la denuncia llegó por la línea LOCATEL o por alguna de las Uapvif”, y añade que “hasta que el gobierno del Distrito Federal no ofrezca cifras claras y sistematizadas no conoceremos realmente la situación de las mujeres”, señala.

Más allá de la existencia de estas instituciones, que para Medina son al fin y al cabo necesarias, las mujeres se encuentran ante la mentalidad del cuerpo judicial, que en ocasiones legitima la violencia.

Con ella coincide Teresita de Barbieri, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, para quien la gran autonomía con la que cuentan los jueces les permite actuar en una dirección distinta a la que establecen las leyes más recientes.

En este sentido, es paradigmático el caso de la tesis de 1994, que establecía que la violación conyugal no era delito. A pesar de que tanto en el Código Civil como en el Penal Federal se tipifica como delito la violación conyugal, en virtud de este criterio algunas juezas y jueces han resuelto casos en favor del agresor. Dicha tesis será rectificada en un breve plazo por la Suprema Corte.

Para De Barbieri, en términos generales, las mujeres que sufren violencia familiar se encuentran, en el nivel judicial, con un problema más amplio que ella atribuye a que en México se tiene un bajo nivel de conocimiento jurídico. “Las personas no saben cuáles son sus derechos, cómo recurrir a las instituciones, y tampoco abundan los sistemas de apoyo a la denuncia”.

Pilar Delgado insiste en que son urgentes las reformas en materia judicial. Y es que, a pesar de que a partir de 1980 se han llevado a cabo en México importantes reformas legislativas para combatir la violencia en los hogares -gracias, en gran medida, al trabajo de las organizaciones civiles y del movimiento feminista- según el Inmujeres todavía 84 por ciento de las mujeres no denuncian que son víctimas de violencia familiar.

Este porcentaje se explica, en parte, por la ausencia de un sistema judicial integral en esta materia que garantice los derechos de las mujeres y que no deje impunes a los agresores.

05/ER/YT

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