Exoneración a defensora no quita el riesgo de que sea asesinada

Luego de casi tres años de juicio, el pasado 1 de diciembre la defensora de Derechos Humanos (DH) en Oaxaca Bettina Cruz, fue exonerada de los delitos de “privación ilegal de la libertad” y “contra el consumo y la riqueza nacional”, que en 2011 le imputó la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
 
La cofundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio –quien enfrentaba el proceso en libertad– afirmó hoy que pese a la exoneración, su vida y la de otros activistas que defienden la tierra y el territorio están en peligro porque, consideró, aún es muy fácil que algún empresario “pague para que los asesinen”.
 
El pasado 1 de diciembre, el Juzgado Sexto de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, determinó que Bettina Cruz es inocente de los delitos que se le fincaron por participar en una protesta pacífica de diversas comunidades indígenas en abril de 2011, contra las altas tarifas de luz y el despojo de la tierra para la construcción de parques eólicos en la región del Istmo.
 
Después de esa movilización, los empleados de la CFE denunciaron que fueron retenidos contra su voluntad debido a que los manifestantes cercaron las instalaciones, por lo que Bettina fue acusada de “privación ilegal de la libertad” y “contra el consumo y la riqueza nacional”. El 22 de febrero de 2012 fue detenida y trasladada al Centro de Readaptación Social de Tehuantepec.
 
Cruz, quien siguió su proceso en libertad tras pagar una caución de 15 mil pesos, aseguró que su acusación fue para intimidarla por el trabajo que ella y otros indígenas realizan. “Nos están criminalizando porque estamos defendiendo el territorio, porque decimos que la energía eléctrica es un derecho”, explicó en conferencia de prensa.
 
Abundó que los activistas defienden la riqueza natural de los pueblos indígenas y por ello el gobierno trata de frenar su labor, pues son quienes denuncian que la CFE apoya a las empresas eólicas para que entren a las comunidades a instalarse sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.
 
La defensora destacó que en el Istmo de Tehuantepec la consulta no existe, porque ya hay 24 parques eólicos instalados, las empresas tienen permisos comprometidos y porque la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales acepta que se realicen estas obras sin preguntar a las comunidades sobre las posibles afectaciones.
 
Asimismo, dijo que las y los activistas se oponen a estos megaproyectos porque además de no generar empleo y desarrollo en la región, como aseguran las autoridades federales, en el Istmo se está dando una transición de la energía fósil (petróleo) a la eólica, que viola los DH de la mayoría de las comunidades y avala “procesos amañados” que en el futuro podrían “normalizarse” en todo el país.
 
En rueda de prensa, Asociadas por lo Justo (Jass), Fundar Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Amnistía Internacional, y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), aseguraron que el caso de Bettina demuestra el uso del sistema judicial para criminalizar a las y los defensores.
 
El abogado del Centro Prodh, Santiago Aguirre, aseguró que el caso de Bettina es emblemático porque refleja el uso del sistema penal para acusar a activistas de cargos injustos, y criticó que mientras en el estado de Oaxaca hay casos de corrupción política prácticamente comprobados, los responsables no son procesados.
 
Asimismo, la abogada de Fundar, Jacqueline Sáenz, coincidió en que en este caso se hizo un uso desmedido de dos delitos federales, y afirmó que está es una forma de tratar de resolver conflictos sociales por la vía penal, de ahí que las acusaciones contra Bettina Cruz estuvieran vigentes por casi tres años.
 
De acuerdo con las y los activistas, en Oaxaca hay por lo menos otros 50 casos de procesos penales contra defensores, por lo que Bettina aseguró que a pesar de ser exonerada, aún está en riesgo y ahora cuenta con medidas de protección por parte del gobierno federal a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
 
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