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Falta aterrizar leyes para que brinden justicia a las mujeres

Por Anayeli García Martínez

Para lograr que las mujeres accedan a la justicia es indispensable contar con personal judicial comprometido con la debida diligencia y especializado en violencia de género, aseguró el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
 
En el foro “La debida diligencia para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia, retos desde la perspectiva intercultural”, que se realiza del 22 al 24 de enero en Brasil y que se transmite en línea, las panelistas coincidieron en que el Derecho puede constituir una herramienta de cambio para la vida de las mujeres. 
 
Sin embargo, la coordinadora regional de Cladem, Elba Núñez, destacó que si bien es un avance la creación de leyes a favor de una vida libre de violencia para las mujeres, acotó que aún hay dificultades para que los derechos plasmados en las normas se apliquen.
 
“Vemos con preocupación que, a pesar de los avances normativos y de políticas públicas, las estadísticas indican que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema grave en América Latina y el Caribe“, dijo la activista.
 
De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la región una de cada tres mujeres, casadas o en unión libre, ha sido víctima de violencia por parte de su pareja, y el 29.4 por ciento de las mujeres asesinadas murieron a manos de su pareja o un familiar.    
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) registra que en Guatemala la violencia física y sexual alcanza al 24 por ciento de las mujeres, y en Paraguay al 20 por ciento, y no obstante –criticó Núñez– hay pocos programas que apuntan a la prevención y erradicación de la violencia de género. 
 
Por ello la activista también dijo que, como lo señala el informe “El compromiso de los Estados: planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres”, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los operadores de justicia tienen un papel central para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
 
Núñez señaló que la preocupación está en que estos operadores garanticen la debida diligencia, pues hasta ahora de 32 países monitoreados por la ONU, sólo 13 han creado fiscalías, cortes o juzgados especializados, y de ellos muy pocos poseen operadores de justicia con conocimientos en Derechos Humanos, género y violencia.
 
Explicó que si en el sistema de justicia aún existen barreras como la discriminación y los estereotipos de género, es necesario que los Estados tengan personal judicial especializado que ayude a acortar la brecha entre las leyes y la vida cotidiana de la población femenina que vive violencia.
 
15/AGM/RMB

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