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Falta reformar Código Militar para restringir fuero de guerra

Por la Redacción

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó el debate sobre las restricciones al fuero militar, un grupo de organizaciones civiles llamó a los ministros a consolidar sus criterios.

Asimismo pidieron al Congreso que priorice la reforma al Código de Justicia Militar y acate las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que recomendaron al Estado mexicano restringir esta figura jurídica.

Desde 2009 la CoIDH exhortó a México a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que los tribunales militares no juzguen casos donde efectivos castrenses estén acusados de violar los Derechos Humanos (DH) de civiles.

En noviembre de 2009 la CoIDH dictó sentencia sobre el caso de Rosendo Radilla, líder social desaparecido por militares en 1974. Meses después la Corte resolvió tres fallos más sobre abusos de militares, que a la fecha no han sido acatados.

En agosto de 2010 dictó dos sentencias por los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por militares en 2002, y en noviembre de 2010 dio a conocer el fallo por el caso de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, torturados por soldados en 1999.

Sin embargo hasta ahora el fuero militar sigue intacto, toda vez que el Poder Legislativo no ha reformado el citado artículo y debido a que la SCJN no ha sentado jurisprudencia sobre el uso del fuero militar.

Es decir los ministros no llegaron a la misma conclusión en cinco casos consecutivos con los mismos criterios, lo que deja la puerta abierta para que los jueces sigan interpretando el Código de Justicia Militar de diversas formas.

Tras mes y medio de analizar los alcances y límites del fuero de guerra, el pasado 13 de septiembre la SCJN concluyó el debate y determinó que el resto de los casos serían analizados por la Primera Sala del máximo tribunal.

Ante este escenario, organizaciones como los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, Propuesta Cívica y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, emitieron un pronunciamiento para urgir que se restrinja de una vez por todas el fuero militar.

Cabe recodar que entre los casos que resolvió la Suprema Corte hubo casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, inhumaciones clandestinas, tortura e incluso delitos contra la salud, cometidos por elementos del Ejército.

Si bien se estableció que los soldados no deben ser juzgados en tribunales militares cuando estén involucrados los DH de un civil, las organizaciones sostienen que para que no queden dudas de estos criterios se deben establecer tesis obligatorias.

En este sentido, explicaron que resulta urgente y necesario reformar el Código de Justicia Militar, tal y como lo señalaron las y los ministros, por ello hicieron un llamado al Congreso para que cumpla su obligación de legislar al respecto.

La reforma al fuero militar no es el único rezago en el cumplimiento de las sentencias, como ejemplo el próximo 1 de octubre se cumplen dos años de que se dieran a conocer las sentencias de Inés Fernández y Valentina Rosendo, pero a la fecha los avances son mínimos.

La falta de acceso a la justicia para Inés y Valentina; la discriminación que enfrentan las mujeres al acceder a los servicios de salud, y los abusos ocasionados por la ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas, son solo algunos de los aspectos que continúan sin ser modificados.

Por esta razón desde hace varias semanas grupos civiles emprendieron una campaña para recolectar firmas y enviar una carta a Felipe Calderón, a fin de pedirle que las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, y la Procuraduría General de la República cumplan las sentencias.

Cabe señalar que el último avance en estos casos fue el pasado 11 de septiembre cuando el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, acudió a la comunidad de Ayutla de Los Libres, en Guerrero, para colocar la primera piedra de un centro comunitario.

Este centro comunitario, que se constituirá como un albergue y un centro en el que se desarrollen actividades educativas en DH y derechos de las mujeres, aún no está en funcionamiento pese a la urgencia de las comunidades indígenas de estos servicios.

Además la SCJN aún debe analizar las sentencias de Inés y Valentina para determinar las obligaciones que debe acatar el Poder Judicial, proyecto que desde enero está a cargo del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia.

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