Hasta el momento no existen condiciones mínimas para cumplir las dos sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) dictó el pasado 1 de octubre sobre los casos de violación sexual contra las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, criticó Santiago Aguirre, abogado de ambas mujeres.
El defensor recordó que de acuerdo con la CoIDH, el Ejecutivo federal tiene un plazo de seis meses, a partir de que se dictó la sentencia, para publicar el resumen oficial del fallo en un diario de amplia circulación nacional y en el estado de Guerrero, en idioma español y tlapaneco. Además de que debe difundir la resolución en un sitio web de carácter federal y otro estatal.
En entrevista, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan lamentó que no haya condiciones mínimas para que avance el cumplimiento de esas resoluciones y que la Secretaría de Gobernación aún no convoque a todas las dependencias involucradas en estas sentencias, las cuales fueron notificadas el pasado 1 de octubre.
Santiago Aguirre afirmó que si hubiera un compromiso real de parte del Estado mexicano, tan pronto como las sentencias fueron notificadas a las partes, el gobierno federal –a través de una representación institucional con la jerarquía adecuada– habría explicado la forma en que acataría estas resoluciones internacionales.
Asimismo consideró que aunque la Secretaría de Gobernación – instancia encargada de coordinar los trabajos necesarios para acatar el fallo del máximo tribunal del continente americano– ha emitido boletines y ha manejado un discurso oficial ante los medios de comunicación, en los hechos no parece estar comprometida con las resoluciones de la CoIDH.
Aseguró que el primer paso para acatar las sentencias es que las investigaciones de ambos casos dejen de estar en el fuero militar y se trasladen al fuero civil. Con esto, el Estado mexicano podría conducir eficazmente la investigación y, en su caso, el proceso penal contra los militares responsables de la tortura y violación sexual de Inés y Valentina, cometidas en 2002.
Sin embargo, Aguirre lamentó que se estén repitiendo los patrones que se han visto en las sentencias previas sobre el feminicidio de Campo Algodonero y la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla; por ello señaló que para Tlachinollan empieza a ser preocupante que no haya indicativos de que la sentencia se va a cumplir «con seriedad y celeridad».
En este contexto, confió en que el Estado mexicano «se aboque al cumplimiento cabal de las resoluciones y ponga especial atención a las prioridades de las víctimas», quienes han manifestado que su principal demanda es que se castigue a los responsables de la tortura que vivieron.
Para Santiago Aguirre la prioridad es que los casos se resuelvan en la justicia civil antes de considerar las demás reparaciones como las becas educativas, los tratamientos psicológicos y médicos, y el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado mexicano.
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