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Falta voluntad para acuerdo migratorio EU-México

Por Gustavo González López

Intereses económicos impiden un acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos que permita defender los derechos laborales y humanos de los trabajadores mexicanos en territorio estadounidense, aseguró hoy el presidente del Comité Organizador de Trabajo Agrícola (FLOC en inglés), Baldemar Velásquez.

Participante en el Vigésimo Seminario de Actualización sobre México, organizado por la Fundación Solidaridad Mexicano-Americana, el dirigente asegura que ambos gobiernos carecen de sensibilidad y obedecen a poderosos intereses.

«Yo no he encontrado sensibilidad en ambos gobiernos, porque hay muchos intereses individuales: estoy insatisfecho con el gobierno mexicano porque no defiende al trabajador que va a Estados Unidos; y el presidente (George) Bush tiene mucha presión de la industria agrícola y de otras que quieren a ese trabajador barato, como esclavos», remarcó.

De un hablar fluido y claro, Baldemar Velásquez recuerda que hace tiempo se entrevistó con el entonces presidente Ernesto Zedillo.

«Le dije directamente que si el gobierno mexicano quería apoyar al trabajador emigrante, debería impulsar una ley aquí en México en el aspecto de que todo reclutador se registrará, porque vienen aquí muchas personas a reclutar trabajadores engañando con los programas Huésped 1 y Huésped dos».

El dirigente se pronunció porque los mexicanos que trabajan en Estados Unidos lleguen con derecho a sindicalizarse, tener programas de protección con el apoyo de sindicatos de ambos países y evitar así que se violen sus derechos.

Relató que hace tres semanas se reunió con dos senadores y con representantes de la Unión de California y otras centrales laborales para promover una ley sobre trabajo agrícola que está siendo analizada por el Congreso estadounidense.

La iniciativa prevé que si el trabajador ha laborado 100 días en los 18 meses anteriores a agosto pasado, puede calificar para una visa de residencia temporal y si tiene seis años como trabajador agrícola puede conseguir su residencia permanente, de no ser así podría renunciar a ella.

Consideró que la iniciativa es un precedente muy importante porque podría ser la base de una ley de migración más amplia. «No lo vemos como una solución final, sino un principio, pero lo importante es que defienda a los trabajadores agrícolas porque son los más explotados».

Aunque la entrevista que sostuvieron la semana pasada los presidentes de México, Vicente Fox, y de Estados Unidos, George Bush, generó expectativa sobre el avance en materia de migración, las resistencias de los estadounidenses son fuertes.

LOS COYOTES

Tal es el caso de la industria más importante que genera el problema de la migración. El coyotaje y los polleros.

Sólo en los estados de Kentucky, Tenesse, Carolina del Norte y Sur, Georgia, Alabama, y Florida, hay tres millones de mexicanos que pagaron 600 dólares cada uno por ser trasladados. «¡Saquen las cuentas!», exclama Baldemar Velásquez, quien advierte que todos los involucrados no van a permitir que se les acabe este negocio.

Pero tampoco las industrias de Estados Unidos quieren que se resuelva el problema. El ejemplo es MonteOlivo, empresa que ocupa dos mil trabajadores para la extracción de pepino en tres estados del sur estadounidense, y a quienes les paga 60 centavos de dólar la cubeta.

Una parte de esos mexicanos fueron vienen contratados bajo el programa Huésped de Trabajo con México, pero la mayoría de ellos son indocumentados, precisó Velásquez.

La MonteOlivo necesita esos trabajadores, al igual que las industrias agrícolas del tabaco y camote, porque les pagan menos del sueldo mínimo, y los alquilan por contrato y por hora, siempre los amenazan: «si no trabajan más barato, les echamos la migra y los pobres no se pueden defender».

Por último, Baldemar Velásquez asegura que la FLOC mantiene una relación de alianza con organismos sindicales mexicanos y estadounidenses para que no sólo se defiendan los derechos laborales de los trabajadores inmigrantes mexicanos, sino sus derechos humanos, económicos, políticos y sociales.

2003/GG/MEL

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