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Faltan mecanismos que garanticen aborto por violación

Por la Redacción

El proceso legal que enfrenta una mujer para acceder a un aborto por violación en México sigue siendo complicado, debido a la falta de mecanismos que agilicen el procedimiento. Aunado a ello, persiste la “objeción de conciencia” por parte del personal médico que dificulta a las mujeres hacer uso de este derecho.

Al respecto, la responsable de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales 47, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Fabiola Martínez Martínez, explicó que el proceso legal inicia con una averiguación previa en alguna de las cuatro agencias especializadas en delitos sexuales.

La víctima debe rendir su declaración y someterse a estudios médicos; después de una investigación por parte de la policía judicial el Ministerio Público (MP) valora todos los elementos y determina si efectivamente la mujer fue víctima de agresión sexual, agregó.

La funcionaria abundó en que corresponde al MP autorizar la interrupción del embarazo y girar un oficio a la Secretaría de Salud (SS) para que el aborto legal sea practicado a la víctima de violación.

Sin embargo, César Vicente Montiel, del área de comunicación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirmó que a pesar de que el aborto por violación está reglamentado en todo el país, en el caso del Distrito Federal no se garantiza el servicio a las mujeres debido a la “objeción de conciencia” e incluso por prohibiciones de los funcionarios de hospitales públicos.

Un reciente estudio efectuado por el Population Council concluyó que “el acceso al aborto legal por violación es limitado. Cuando las mujeres logran obtener su autorización, el embarazo rebasa el primer trimestre y los médicos ya no pueden realizar la intervención quirúrgica”.

La investigación observó que “la demora en el acceso a los servicios de salud, además de limitar el derecho a la práctica del aborto legal, imposibilita la prevención de un probable embarazo mediante el uso de pastillas anticonceptivas de emergencia, las cuales sólo son efectivas dentro de las 72 horas posteriores a la violación”.

La PGJDF informó que en 2001 se registró un promedio de 3.32 violaciones diarias, mientras que en 2003 aumento a 3.61 cifras que se mantienen desde hace más de 10 años.

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