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Faltan protocolos contra violencia sexual en Cuba

Por Helen Hernández Hormilla*
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La ausencia de protocolos efectivos para el trabajo con víctimas y victimarios de violencia sexual en Cuba preocupa a especialistas, que aún perciben dificultades entre las instituciones encargadas de dar respuesta a este tipo de delitos.
 
Panelistas de la reunión científica bimestral de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (Socumes) reconocieron que el abuso sexual es aún un tema poco visible en el país caribeño, donde faltan investigaciones al respecto y no existen estrategias para dar seguimiento a las víctimas y a sus agresores.
 
“Es un tema silenciado, del que sólo escuchamos en consultas y espacios limitados”, declaró Beatriz Torres, presidenta de la Socumes.
 
La socióloga Raiza Diago Rodríguez, del Centro de Investigaciones Socio-operativas del Ministerio del Interior (Minint), advirtió la necesidad de diseñar mecanismos que involucren a la familia, profesionales de la salud e instituciones en la prevención de este tipo de maltratos.
 
A su juicio, en los ámbitos familiar, comunitario e institucional persisten prácticas que naturalizan este tipo de violencia, casi siempre ejercida contra mujeres o menores de edad y con severas consecuencias psicológicas y sociales.
 
En su criterio, a nivel social abunda el desconocimiento sobre los victimarios, el ciclo de la violencia, sus alcances y daños. Por tanto, es insuficiente la percepción de riesgo de ser víctima de abuso sexual, y se tiende a negar la problemática o alejarse de ella, añadió la experta.
 
Diago Rodríguez consideró que es incompleta la preparación de quienes interactúan y acompañan a autores y víctimas en el proceso de afrontamiento y tratamiento a la violencia sexual, entre ellos docentes, cuerpos policiales, juristas y profesionales de la salud.
 
Asimismo, notó la ausencia de programas efectivos orientados a la reincorporación del agresor a su medio, luego de haber cumplido la sentencia penal, en un contexto en el cual los problemas de vivienda provocan que, muchas veces, estas personas vuelvan a convivir con sus víctimas o en entornos cercanos a ellas.
 
El dilema ético al que se enfrentan profesionales de la salud mental que reciben en su consulta a personas con posibilidades de convertirse en agresores sexuales fue un tema traído al debate por la psiquiatra forense Teresita del Carmen García.
 
El Código Penal cubano establece en su artículo 162 que “el médico que al asistir a una persona o reconocer un cadáver nota u observa signos de lesiones por violencia o indicios de intoxicación, de envenenamiento o de haberse cometido cualquier delito y no dé cuenta de inmediato a las autoridades”, puede ser sancionado de tres meses a un año de prisión.
 
Sin embargo, profesionales de la medicina se encuentran ante el conflicto de proteger la intimidad de sus pacientes cuando estos les revelan intenciones agresivas.
 
Por otra parte, el propósito de realizar un hecho violento no implica que este se ejecute, y toca a sus terapeutas evaluar los riesgos antes de acudir a la advertencia pública.
 
Ante este tipo de casos, la psiquiatra propuso ofrecer alternativas terapéuticas a los posibles agresores como vía de protección a las personas objeto de sus fantasías o deseos. “Tenemos pocas ofertas de tratamiento para personas con comportamientos agresivos”, consideró.
 
La falta de terapias especializadas para personas sentenciadas por delitos de abuso sexual, incluso en los penales, fue una de las limitantes también señaladas por García.
 
“Una vez que se les concede la libertad condicional, no cuentan con un seguimiento especializado, que debía llevarse a cabo mediante grupos de psicoterapia cognitivo-conductual”, abundó la experta.
 
Complejos de abordar son los casos de menores de edad que cometen actos de abuso sexual u otros hechos que la ley tipifica como delitos.
 
En Cuba, todos los menores de 16 años carecen de responsabilidad penal, por lo que son tratados también como víctimas e integrados a procesos de exploración y atención donde se preserve su integridad psicológica.
 
Datos preliminares de una investigación en curso de la psicóloga Dahimy Suárez Manet, una de las especialistas del Centro de Protección de niñas, niños y adolescentes del Minint, donde se atienden estos casos, aseguran que son varones los adolescentes que con más frecuencia abusan sexualmente de otros, producto de la división machista de la sociedad.
 
De los 63 jóvenes entre 12 y 15 años de edad estudiados por la experta, solo tres eran mujeres. Ellas fueron, sin embargo, el 55 por ciento de las víctimas de este tipo de agresiones. Pese a que son comportamientos minoritarios, preocupa que se produzcan en edades tempranas hechos lascivos y de sometimiento, consideró Suárez.
 
“Más de la mitad de los agresores presentan desajustes conductuales, profesan irrespeto por la integridad física ajena y falta de empatía”, refirió la investigadora.
 
Manuel Vázquez Seijido, jefe del departamento jurídico del Centro Nacional de Educación Sexual, expuso las posibilidades del Código Penal cubano para sentenciar este tipo de delitos que pueden ser juzgados como violación, pederastia con violencia, abuso lascivo, ultraje sexual, estupro, entre otros.
 
Sin embargo, muchos de estos actos se describen con insuficiencia o ambigüedad en su redacción, lo que dificulta el trabajo de los legistas.
 
Para el profesional del derecho, una norma jurídica específica para tratar la violencia en Cuba resulta imprescindible en el actual contexto nacional.
 
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