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Feminicidio en Guatemala llega a Corte Interamericana

Por la Redacción

Por primera vez Guatemala será juzgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por su responsabilidad en el feminicidio de María Isabel Véliz Franco, adolescente de 15 años asesinada en 2001.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que litiga el caso junto con la Red de la No Violencia contra las Mujeres en Guatemala (Rednovi), informó que el pasado 3 de mayo el caso llegó ante la CoIDH para su análisis.

María Isabel desapareció el 17 de diciembre de 2001 en Ciudad de Guatemala. Esa fecha la madre de la joven, Rosa Elvira Franco Sandoval de Véliz, denunció la desaparición de su hija, sin embargo fue hallada muerta al día siguiente.

La familia de la víctima acusó que aunque la denuncia fue interpuesta ante la Policía Nacional Civil, los agentes estatales responsables de investigar el hecho se enfocaron en desacreditar a la víctima y a su madre, y no en encontrar a los culpables del asesinato.

Según los peticionarios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no se hicieron pruebas forenses al cadáver ni un análisis completo de las evidencias, tales como el cotejo de elementos pilosos (piel o cabello) o de la sangre encontrada en la escena del crimen, entre otros elementos.

Estas omisiones hicieron que la investigación del caso se retrasara e incluso fue hasta diciembre de 2002, un año después del asesinato, que se hizo una inspección ocular en el lugar del crimen, mismo que ya había sido alterado e incluso quemado.

El análisis de este caso en la CoIDH podría reiterar las acusaciones de los peticionarios que sostienen que la discriminación por género ha sido un obstáculo en la investigación de este caso, y que en ese país centroamericano hay un patrón sistemático de asesinatos de mujeres.

Cabe recordar que México fue el primer país de la región condenado en 2009 por la CoIDH debido a su responsabilidad en tres asesinatos de mujeres ocurridos en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el caso conocido como Campo Algodonero.

En esta sentencia, la CoIDH señaló que hubo violencia sistemática contra las mujeres y que la falta de investigación, prevención y sanción de la violencia trajo como consecuencia los asesinatos por razones de género, lo que se conoce como feminicidio.

En el caso de Guatemala, las peticionarias afirman que no hay medidas para proteger la vida de las mujeres, toda vez que la Procuraduría de los Derechos Humanos señala que entre 2001 y 2004 se registraron mil 188 casos de mujeres y niñas asesinadas, de los cuales solo 9 por ciento se investigaron.

Es de destacar que el caso de María Isabel fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2004 al acusar la falta de una investigación seria y pérdida de evidencias; el asunto está ahora en manos de la CoIDH.

La omisión y negligencia en esta investigación aunados a los altos índices de impunidad en los casos de violencia contra mujeres, propicia la repetición de hechos similares, sostiene Cejil, por lo que saludó la decisión de pasar el caso a la CoIDH.

Según datos oficiales, recopilados por el Grupo Guatemalteco de Mujeres entre 2000 y 2011, han muerto violentamente 6 mil 638 mujeres en Guatemala y sólo en 2011, 710 mujeres perdieron la vida de forma violenta.

El Ministerio Público y el Organismo Judicial informaron que la violencia de género es el tercer delito más denunciado en el país. El índice de impunidad de estos crímenes alcanza el 99 por ciento en relación a los casos ingresados, es decir, sólo 1 por ciento obtiene sentencia.

En su informe de enero pasado, la oficina en Guatemala de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos expresó que “la crueldad con la que algunos de estos crímenes fueron perpetrados muestran cuán profundamente enraizados están los patrones de discriminación en la sociedad, y también revela la falta de medidas institucionales para detenerlos”.

Cejil y la Renovi expresaron su satisfacción por el envío de este caso ante el más alto tribunal del continente, pues sostienen que es una oportunidad de que la CoIDH ordene medidas para superar las causas de la violencia contra las mujeres y su impunidad.

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