Las muertes violentas de mujeres en Guatemala, que entre 2000 y 2004 llegaron a mil 501, aumentaron de acuerdo con los índices criminales de ese país, el debilitamiento del Estado de Derecho y del sistema de justicia, concluye un diagnóstico preliminar realizado por legisladores de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
El documento fue presentado en el seminario Diálogo Internacional Interparlamentario sobre Violencia Feminicida, en el que participaron diputadas de México, Guatemala y España, en la búsqueda de estrategias para poner fin a la violencia contra las mujeres.
La investigación señala que los crímenes contra mujeres crecieron en 112.25 por ciento entre 2000 y 2004. También destaca que estas agresiones estuvieron dirigidas a mujeres pobres, en su mayoría mestizas y que, además, ocurrieron en áreas urbanas.
Los diputados guatemaltecos del URNG cuestionan en el documento la ineficacia, provocada o deliberada, con la que en estos mil 501 asesinatos actúo el sistema judicial para esclarecer los asesinatos.
Destaca también el incremento en la crueldad con que estos asesinatos son perpetrados, «diferenciándose los patrones de ejecución por la saña y la vejación sexual que se aplica cuando las víctimas son de sexo femenino».
En estos crímenes, sostiene el documento, se destacan la planificación del hecho, la capacidad operativa y dominio territorial de sus autores, no sólo para eliminar a la víctima sino también para dejar mensajes intimidatorios de repercusión social por el interés en mostrar el crimen y la crueldad con que es ejecutado.
Estas características, en opinión de las legisladoras que prepararon el documento «otorga a estos hechos delictivos una connotación política que los diferencia de los crímenes comunes» y «tiene similitud con las formas de violencia física y sexual que se aplicó en las operaciones contrainsurgentes contra mujeres».
La mayoría de los crímenes registrados en áreas urbanas, en el Departamento de Guatemala 46 por ciento y en la capital del país con un 26 por ciento de los casos, de acuerdo con los informes de la Policía Nacional Civil (PNC). El 34 por ciento de los hechos registrados en la capital, precisa, han ocurrido en zonas populares.
El documento de los legisladores apunta que de acuerdo con el informe de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en 2003, el perfil de las víctimas es de mujeres de bajo nivel socioeconómico, cuyas ocupaciones estaban vinculadas con los quehaceres domésticos, remunerados o no, o con actividades productivas que requieren de poca calificación. Dicha instancia identificó al 9 por ciento de las víctimas como estudiantes.
Las estadísticas de la PNC de 2004, precisa el documento, corroboran las conclusiones de la PDH, pues 31 por ciento de las mujeres víctimas de homicidio eran amas de casa; 13 por ciento, estudiantes; trabajadoras domésticas y comerciantes con un cinco por ciento, respectivamente; secretarias, tres por ciento; trabajadoras sexuales dos por ciento. En 37 por ciento de los casos se desconoce el oficio de las víctimas.
LA CORTINA DE HUMO
Sobre las causas de los feminicidios, el documento resume las principales hipótesis de las autoridades y organismos: el crimen organizado y la delincuencia, así como una política de limpieza social de acuerdo con la PDH, mientras la PNC ubica los crímenes contra mujeres como producto de la violencia de los maras, conflictos pasionales, delincuencia común y, en menor medida, narcotráfico.
La investigación recoge también las hipótesis de congresistas guatemaltecos, como la de la diputada Nineth Montenegro, quien planteó la posibilidad de que tanto el crimen organizado como el narcotráfico estén utilizando los crímenes como una cortina de humo para desviar la atención.
La legisladora advirtió también la coincidencia entre los crímenes y el debate acerca de la redefinición de la función del ejército en la seguridad pública, considerando que podrían tratarse de una justificación de los cuerpos armados para mantener atribuciones en este campo.
El documento incluye una serie de recomendaciones respecto de los cuerpos de seguridad, los organismos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y a la PDH, entre las que destacan la de desmilitarizar los cuerpos de seguridad, en todas sus estructuras y doctrinas, así como la investigación y erradicación de las estructuras incrustadas en el Estado, vinculadas con el crimen organizado, las mafias y los aparatos clandestinos de seguridad.
También recomienda destituir de las instituciones de seguridad y procesar legalmente a todo funcionario o agente de seguridad responsable o vinculado a violaciones de derechos humanos en el pasado o la actualidad, regular y controlar eficientemente las funciones, armas, recursos y agentes de las empresas privadas de seguridad e investigar los antecedentes de sus propietarios.
2005/LG/SJ
