El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, reconoció que el problema del feminicidio debe atenderse con una visión integral, y se comprometió a rediseñar, desde el gobierno federal, un programa nacional para enfrentar el problema de manera coordinada en los tres niveles de gobierno.
En reunión con diputadas y diputados integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento del Feminicidio, el funcionario reconoció la necesidad de sacar el problema del ámbito exclusivo de Ciudad Juárez, y dio instrucciones a la Comisionada Especial del Gobierno Federal, Guadalupe Morfín, para reunir información del problema a nivel nacional y terminar con la «danza de datos».
A petición de las y los diputados, Abascal reconoció que el problema no puede enfrentarse sin recursos suficientes, y acordó con las y los legisladores trabajar juntos en el diseño de un presupuesto federal para enfrentar la violencia feminicida, en lo que constituye el primer acuerdo para el presupuesto de 2006.
Planteó, además, los próximos cuatro meses y medio como plazo para hacer tanto el rediseño de la política como la recolección de datos, la definición del presupuesto y una nueva legislación, y precisó que como secretario del Trabajo avanzó en la elaboración de una iniciativa de ley contra la violencia, examinando incluso la ley integral de España.
Un aspecto relevante de la reunión fue que el funcionario aseguró que le ha dado prioridad al problema de la violencia feminicida, asumiendo el término con el que la diputada Marcela Lagarde, presidenta de la Comisión Especial, ha definido el fenómeno de los asesinatos y agresiones contra mujeres.
«La violencia feminicida tiene una importancia nacional y debemos erradicarla» con un rediseño de la situación y a partir de información confiables, con políticas públicas ordenadas, es decir, «no ir a ciegas», manifestó.
El funcionario aseguró que en Juárez ha habido avances, pero insistió: «Nuestro papel debe ser más federalista», y por ello, consideró, debe haber una función pública dedicada al tema del feminicidio en el país. «Mi concepción es absoluta y radical», el tema es enormemente sensible, manifestó.
El titular de la Segob puso énfasis en que el problema no se enfrenta con la intervención de la Federación, sino en cada comunidad, coordinando las acciones con el gobierno federal, pero responsabilizándose cada uno de su problema estatal o regional.
Las y los legisladores dijeron al secretario que el gobierno federal no ha asumido la gravedad del problema. La diputada Lagarde insistió y le pidió al funcionario gestionar una cita con el presidente Vicente Fox, quien no ha respondido las reiteradas solicitudes de la comisión para sostener una reunión de trabajo sobre el tema, que se le han formulado incluso a través de un desplegado desde dos meses y medio.
La diputada dijo a Abascal que el silencio ha sido la única respuesta del Ejecutivo Federal a esas solicitudes, aseguró que no existe coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para abordar el problema, y le recordó que Arturo Chávez, uno de los funcionarios acusados de omisión en las investigaciones de feminicidio, sigue trabajando en la Secretaría de Gobernación como subsecretario de Asuntos Jurídicos.
Al respecto, Abascal reconoció que sobre el tema «hay políticas públicas dispersas que ahora deben tener cohesión y una sola visión, de carácter global». «Necesitamos un diseño institucional del tema», dijo.
Lagarde también afirmó que el Programa de Auxilio a Víctimas que echó a andar la Procuraduría General de la República sólo dividirá a las familias, porque se ha elaborado un catálogo de distribución de recursos como si el daño causado pudiera repararse con dinero.
Abascal y la comisionada Morfín coincidieron con este planteamiento, al considerar que la reparación del daño debe realizarse, tal como lo establecen las reglas internacionales, con otro tipo de medidas como la prevención, la educación, las medidas de seguridad y apoyo a las mujeres, entre otras acciones.
En la reunión, que se realizó en la Secretaría de Gobernación, estuvieron presentes la presidenta de la Comisión Especial, Marcela Lagarde, las secretarias de ese órgano legislativo, diputadas Blanca Gámez y Beatriz Mojica, y los diputados Eduardo Espinosa, del PRD, y Jesús González Schmal, de Convergencia, también integrantes de la comisión.
El secretario asistió al encuentro acompañado de Guadalupe Morfìn Otero, comisionada especial del gobierno federal para los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, y el subsecretario de enlace legislativo Dionisio Meade y García de León.
En entrevista posterior a la reunión, la diputada Marcela Lagarde dijo que estaba muy satisfecha por los compromisos que asumió el secretario de integrar un banco de datos nacional.
Recordó que ésa es una obligación del gobierno y que fue la falta de información sobre el problema lo que decidió a la Cámara de Diputados a iniciar la investigación, aunque sólo en 11 estados de la República, una investigación que calificó de muy inicial y sencilla.
Comentó que el presupuesto para Ciudad Juárez fue de 100 millones de pesos, pero que es una cantidad muy limitada, por lo que se dijo satisfecha de que ahora sea el mismo gobierno federal el que, en coordinación con la Cámara de Diputados, asigne un presupuesto suficiente, acorde con la magnitud del problema que definió como de «alarma social».
«Es muy bueno que la Secretaría de Gobernación le diga oficialmente al país qué pasa y por qué. Y es magnífico que el Gobierno Federal como es su obligación, trabaje con el Congreso en una ley integral», dijo.
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