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Feministas dominicanas exigirán al Senado echar atrás reformas al Código Penal

Por Mercedes Alonso
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Representantes de organizaciones feministas dominicanas protestaron este fin de semana frente al Palacio Nacional para demandar a los poderes del Estado, representados allí, que garanticen los derechos de las mujeres, violentados por la aprobación del nuevo Código Penal en la Cámara Baja, que penaliza la interrupción del embarazo.
 
En entrevista con SEMlac, la integrante de la directiva de Colectiva Mujer y Salud, Cintia Velásquez, dijo que no se detendrán en las luchas que durante décadas han sostenido las mujeres dominicanas.
 
“Los derechos no están para negociaciones, sino que el Estado tiene que garantizarlos, por lo que le exigiremos al Senado que corrija esta medida tan inhumana y al presidente Danilo Medina que se manifieste en el mismo sentido que lo hizo en 2014, porque ese era un derecho ya ganado”, indicó.
 
Velásquez recordó que el mandatario observó entonces “que el aborto estaba despenalizado en su tres causales, o sea, que se interrumpiera el embarazo en caso de violación, incesto o malformación congénita. Nosotras apelamos a la conciencia política y responsabilidad ciudadana, para que cada legislador e integrante del gobierno actúe en apego a los más altos estándares de reconocimiento de derechos humanos y no a criterios personales”, enfatizó.
 
Otra de las voces que se alzó ese día frente a la Casa de Gobierno, fue la de la coordinadora general del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Lourdes Contreras quien agregó “llamamos a los legisladores y al Presidente de la República, Danilo Medina, a asumir responsablemente su compromiso con la vida y salud de las mujeres. En este país las estructuras del sistema político están marcadas por las fuerzas organizadas de los partidos y ellos son los actores y responsables de todo cuanto ocurre en ese sentido”, dijo a SEMlac.
 
Contreras subrayó “el retroceso y, en definitiva, la traición del partido gobernante, porque su líder principal, el presidente Medina, fue quien envió hace dos años un mensaje al propio Congreso y a la sociedad para que se cumplieran las tres causales”.
 
La activista feminista resaltó que la penalización del aborto, más que disminuir su práctica, “empuja a las mujeres a la clandestinidad y las expone a potenciales complicaciones médicas que conllevan a una muerte segura”.
 
¿Quién legisla por las mujeres aquí?
 
Desde Santiago de los Caballeros, segunda mayor ciudad del país, arribó desde horas tempranas de la mañana del pasado viernes un grupo de mujeres convocadas en este sentimiento común de indignación y rechazo a lo que significa “un verdadero retroceso, de todo lo que se había logrado a favor de nosotras”.
 
“Todo se fue por la borda porque definitivamente las mujeres no tenemos aquí quien legisle a nuestro favor”, denunció airada la integrante del Núcleo de Apoyo a la Mujer en Santiago, Manuela Vargas.
 
Junto a Vargas, dos jóvenes madres de apenas 18 y 21 años, respectivamente, las hermanas Eloisa Lucero Sánchez y Carolina Sánchez, con sus pequeños hijos en brazos y la segunda en estado de gestación, confesaron a esta corresponsal sentirse desprotegidas y abandonadas “por un sistema que no nos tiene en cuenta”.
 
“Fíjese que en el caso nuestro, somos de los campos, donde a veces no sabemos ni cómo protegernos para no tener tantos muchachos, y si algo anda mal y queremos abortar ¿a dónde vamos? ¿a quién llamamos? Estamos aquí para protestar, porque las más pobres somos las más perjudicadas”, revelaron.
 
Esta manifestación contó con la presencia de la Colectiva Mujer y Salud; Centro de Investigación para la Acción Femenina (Cipaf); Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem); Instituto de Género Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Women's Link Worldwide (WLW); Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana (Mudha); Confederación Nacional de la Mujer del Campo (Conamuca) y el Foro Feminista Magaly Pineda.
 
En un comunicado emitido por el Foro Feminista que integra estas organizaciones, califican como un retroceso brutal para el país la aprobación por la Cámara de Diputados, en tan sólo un par de horas, de este Código que deja a la zaga el del 2014 y condena a muerte a miles de mujeres vulnerables en el país.
El nuevo Código Penal castiga con penas de 2 a 4 años de prisión a las mujeres y hasta 10 años cuando se trata de personal de la salud.
 
“Responsabilizamos a funcionarios de todos los partidos políticos de las nefastas consecuencias para la salud sexual y reproductiva de las mujeres tras la implementación de este Código”, puntualiza.
 
Apoyo internacional
 
En una nota de prensa, las organizaciones Amnistía Internacional (AI), y Oxfam criticaron que República Dominicana mantenga la criminalización del aborto en casos de violación o malformación incompatible con la vida en su nuevo Código Penal, aprobado por los diputados.
 
“Con esta decisión, no sólo le da la espalda a miles de mujeres, sino que las continúa tratando como criminales por ejercer derechos que les son básicos”, expresó la directora adjunta de Campañas de Amnistía Internacional, Juliana Cano Nieto.
 
En tanto, el director de Oxfam en el país, Raúl del Río, afirmó que “constituye una medida violatoria de derechos humanos de las mujeres, que va a afectar desproporcionadamente a aquellas que se encuentran en condiciones de pobreza”.
 
“Su eliminación es contraria a las obligaciones de derechos humanos del Estado y mandan un claro mensaje de contradicción con las aspiraciones de asumir políticas públicas para reducir la mortalidad materna y alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, así como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12)”.
 
Oxfam y Amnistía Internacional instan a las autoridades dominicanas a garantizar el ejercicio de la maternidad segura y elegida, como un derecho humano con disposiciones legales libres de discriminación.
 
“Obligar a una mujer, a una niña o adolescente a mantener un embarazo producto de una violación sexual o llevarlo a término cuando existe constancia de la inviabilidad fuera del útero de la mujer, constituye un acto cruel, inhumano y degradante, según ha sido considerado el Comité de Derechos Humanos de la ONU a través de su jurisprudencia”, concluyen.
 
16/MA/LGL

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