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Feministas hondureñas denuncian presencia de francotiradores

Por la Redacción

Feministas en resistencia hondureñas denunciaron hoy la presencia de francotiradores armados con miras infrarrojas que ayer en la noche se apostaron frente a la Embajada de Brasil donde se encuentra alojado el presidente constitucional Manuel Zelaya, donde instalaron una plataforma que llega casi al segundo piso de la Embajada.

Destacaron que dentro de la Embajada se encuentran refugiadas alrededor de 60 personas integrantes del cuerpo diplomático de Manuel Zelaya e integrantes de la resistencia.

Informaron también que ha habido descargas de tiros de fusil a cinco metros de la Embajada, “con la finalidad de intimidar a las personas que se encuentran alojadas en la sede.”

Mientras que la cadena de noticias CNN difunde la noticia de la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) catalogada como un éxito, las feministas en resistencia critican que el gobierno de facto “se burla de estas acciones y de las recomendaciones de esta instancia y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que insta al desalojo militar del área.”

Además, el Comité de Defensa de los Derechos Humanos (CODEH) informó que ayer por la noche, la policía llegó a reprimir a pobladores de la colonia Lomas del Norte quienes se unieron a la llamada “bullaranga” nocturna, una hora donde se hacen sonar cazuelas, ollas y otros instrumentos que generen ruido, para protestar contra el golpe de Estado.

Como resultado de esta represión hay 12 jóvenes detenidos, entre los cuales probablemente se encuentren menores de edad, según reportó el CODEH.

Asimismo, Radio Globo, cuyo estudio, ubicado en la capital hondureña, fue asaltado y cerrado hace dos semanas por fuerzas militares y que ahora sólo se puede sintonizar a través de Internet, reporta amenazas directas de la policía a los periodistas que se encuentran en la Embajada de Brasil.

Las feministas en resistencia señalan que la supuesta derogación del decreto PCM_M016-2009 (que restringe las garantías constitucionales), hasta ahora no ha sido publicado en la Gaceta por lo que aún no tiene validez legal y da campo al Ejército hondureño y a la policía, para atropellar los derechos humanos de la población hondureña.

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