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Firma personal médico manifiesto contra ley antiaborto

Por Gloria López

No son sólo las plataformas feministas o las asociaciones que defienden el derecho a decidir de las mujeres quienes se oponen a la Ley Orgánica para la Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, del ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón.
 
Cerca de 2 mil profesionales de la sanidad pública y privada pidieron en un manifiesto al gobierno que no continúe con la reforma de la Ley del Aborto, porque pone en peligro la salud y la vida de las mujeres, y defendieron la actual normativa por ser “acorde” a la realidad social y sanitaria del país ibérico.
 
“Ningún cambio es conveniente cuando una norma es acorde a la realidad social y sanitaria del país”, éste es el título y la conclusión principal del manifiesto firmado por personal médico (61 por ciento), parteras, enfermeras y enfermeros (21 por ciento), especialistas en psicología (13 por ciento) o trabajadores sociales, y que fue presentado en rueda de prensa el pasado viernes en Madrid.
 
Profesionales como el ginecólogo Javier Martínez-Salmean; la psiquiatra Eudoxia Gay; la ginecóloga experta en diagnóstico prenatal Pilar Martínez-Ten, o el prestigioso obstetra Santiago Dexeus, se encargaron de transmitir los principales argumentos en contra de una ley inmensamente restrictiva.
 
Y es que la nueva norma permite el aborto sólo por violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer, supuestos a los que además impone barreras para acceder a la interrupción del embarazo.
 
Las y los especialistas aseguraron que de aprobarse esta normativa se incrementarán los abortos tardíos y el sistema provocará que las mujeres recurran a métodos inseguros, o tengan que viajar al extranjero para interrumpir la gestación.
 
Las personas firmantes del manifiesto criticaron asimismo que no se incluya el supuesto de malformación en la reforma de la ley. La eliminación de este supuesto “contradice” su ética profesional y “resulta contraria al sentir mayoritario de la población”.
 
Además –dijeron– sólo servirá “para agudizar el dolor” de las 3 mil mujeres que en la actualidad deciden abortar por malformación del feto.
 
MUJERES NO SON ENFERMAS MENTALES
 
La presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, Eudoxia Gay, insistió en que las mujeres interrumpen voluntariamente su embarazo por muchos motivos, pero en ningún caso porque sean enfermas mentales.
 
No existe un perfil de mujeres que abortan, ni un instrumento que mida las consecuencias psíquicas del aborto, y asociar la enfermedad mental supone un agravio que perjudicará a las mujeres en muchas ocasiones y las estigmatizará.
 
La doctora denunció que el periplo burocrático necesario para abortar (dos informes psiquiátricos en caso de que la mujer alegue riesgo psicológico) convierte a las mujeres en “enfermas mentales”, cuando no lo son, sólo por el hecho de querer interrumpir su embarazo.
 
“Gallardón nos pone en el trance de mentir o delinquir para ejercer nuestros derechos y no vamos a ser cómplices de ello”, alertó. En ese sentido, el manifiesto denuncia la “inseguridad jurídica” a la que la norma condena a los y las profesionales médicos.
 
La psiquiatra ironizó diciendo que con la reforma subirá epidemiológicamente la enfermedad mental “a niveles estratosféricos”, y se opuso a que una ideología controle a las y los psiquiatras y los trate de usar para “controlar y hacer enfermas”.
 
“Lo que asusta a Gallardón es la libertad de las mujeres”, dijo Eudoxia Gay, para concluir que desde la asociación que representa “no apoyaremos valores morales que presionan a las mujeres”.
 
El manifiesto –que sigue sumando adhesiones y que entregarán a presidencia del Gobierno y a los ministerios de Sanidad y Justicia– expone el sinsentido que supone la eliminación del supuesto de aborto por malformación fetal, que queda supeditado a que la patología fetal suponga un riesgo psicológico para la mujer.
 
Este sistema y todo lo que implica “contradice” la ética profesional de los y las especialistas médicos y resulta “contraria al sentir mayoritario de la población”.
 
“Tal y como está planteada la norma, además, hará prácticamente inviable la interrupción del embarazo por esta causa”, reflexionó Martínez Ten.
 
La experta en diagnóstico prenatal afirmó que no entiende por qué ese supuesto se ha convertido en el centro del debate sobre el anteproyecto de Gallardón, cuando supone tan sólo el 3 por ciento de las interrupciones.
 
“FLASHBACK TERRORÍFICO”
 
Por su parte, Santiago Dexeus calificó la reforma de “flashback absolutamente terrorífico” y se opuso a que las mujeres “no puedan hablar con su propia voz y las envíen al psiquiatra”. En ese sentido pidió “que la hipocresía acabe y las mujeres puedan expresarse con su propia voz”.
 
El ginecólogo recordó que en los años 70 y 80 “las niñas ricas” viajaban a Londres para abortar. Las pobres recurrían al aborto inseguro y muchas veces eran atendidas en los hospitales por profesionales como él, que veían los efectos y las secuelas de esa realidad.
 
“No quiero volver a vivir eso”, dijo. “El aborto no es un hecho banal ni frívolo, me parece desastroso tratar a las mujeres como frívolas”.
 
Dexeus y el resto de profesionales que hicieron el manifiesto denunciaron que la nueva ley supondrá una barrera en el ejercicio de su labor. “Los médicos tenemos la obligación de ayudar y acompañar a las madres y los fetos en su decisión. Y esta ley no lo permite”, dijo Martínez Ten.
 
La actual ley –que permite el aborto sin que la mujer tenga que justificar su decisión hasta la semana 14 de gestación– está funcionando bien y además están disminuyendo las interrupciones, sostienen las personas firmantes.
 
Martínez Salmeán, uno de los expertos que participó en el documento, explicó que para hacerlo se estudió la legislación de otros países, sus resultados y su funcionamiento. La inmensa mayoría de los países de la Unión Europea tienen leyes de plazos como la que hay desde 2010 en España.
 
En el manifiesto, las y los profesionales apuntan que al día de hoy el aborto es una “práctica normalizada” que se realiza “con total privacidad, intimidad y garantía sanitaria”, y que la ley en vigor ha supuesto un avance en relación a la seguridad jurídica de mujeres y personal médico.
 
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