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Frágil estado emocional de mujeres abusadas en Atenco

Por Lourdes Godínez Leal

Temerosas por las represalias de los policías que intervinieron en el operativo de Atenco el pasado 3 y 4 de mayo, las mujeres agredidas sexualmente y violadas por policías, difícilmente podrían presentar en breve una denuncia, valoró hoy Luisa Pérez Escobedo, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Al término de la conferencia de prensa para dar conocer el informe Atenco: Estado de Derecho a la Medida, realizado por el Prodh, Pérez Escobedo precisó que dadas las secuelas que deja una agresión de este tipo, prevé que luego de recibir buena atención psicológica “podrán entrar en un proceso de denunciar ante el Ministerio Público”.

La defensora de derechos humanos confirmó dos violaciones y un abuso sexual a mujeres detenidas al tiempo que manifestó el temor de las otras agredidas a denunciar toda vez que los policías les tomaron sus datos de identificación personal durante el traslado al penal de Santiaguito.

La abogada indicó que por ahora el acceso con las mujeres ha sido limitado, sin embargo han logrado “un acercamiento porque algunas quieren hablar lo que les pasó”, como es el caso de quienes dieron testimonios para el informe.

Pérez Escobedo explicó que han iniciado ya comunicación con Alicia Pérez Duarte, fiscal Especializada para la Atención de Delitos Violentos contra Mujeres, en el país, pero indicó que las mujeres les marcarán la pauta, por ahora insistió, sólo quieren que se haga público.

Contrario a lo dicho por el procurador de Justicia del Estado de México, Abel Villicaña y Arlete López Trujillo a la fiscal Pérez Duarte de que no hay mujeres detenidas, el Prodh ha documentado en sus listas de detenciones a 54 mujeres, de las cuales cuatro ya fueron deportadas.

Entre ellas se encuentran las españolas María Sostres Torrida y Cristina Vals Fernández; la mexicana-chilena Valentina Palma Novoa y Ariane Samantha Diezmar.

El Prodh exigió la liberación de las y los detenidos, respeto al principio de presunción de inocencia, así como la renuncia de Wilfrido Robledo Madrid, comisionado de la Agencia Estatal de Seguridad Pública; de Eduardo Medina Mora, titular de la Policía Federal Preventiva y del procurador mexiquense.

También pidieron la autorización para que familiares de las personas detenidas ingresen al penal de Santiaguito, así como de organizaciones civiles y derechos humanos para conocer en qué condiciones se encuentran las y los presos.

Por su parte, Amnistía Internacional en voz de Héctor Guerra, emitió una acción urgente para que se esclarezcan los hechos y manifestó su preocupación por cada persona detenida, al tiempo que pide a las autoridades garantizar su integridad y les permita la asistencia médica.

06/LGL/MR

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