Algunas acuden a las hierbas y otras a la complicidad del acto clandestino, pero de una u otra forma, muchas bolivianas padecen el alto riesgo que implica interrumpir un embarazo en las peores circunstancias.
En Bolivia, el aborto es la tercera causa de mortalidad femenina, después del cáncer cervical y la eclampsia (hipertensión aguda durante el embarazo) y suele hacerse en condiciones riesgosas, quien lo realiza infringe el artículo 263 del código penal boliviano, que sanciona dicha práctica con uno a cuatro años de cárcel.
«En el campo, cuando las mujeres no queremos tener hijos, buscamos una planta de nombre sullsiwa. Es difícil de conseguir, ya que crece entre las hierbas», explica Senobia una mujer aymará: «Es muy importante medir la cantidad que se va a tomar, porque si te pasas puedes morir».
La ley boliviana permite que una mujer se realice un aborto legal únicamente si ha sufrido violación o incesto y para preservar su vida, si ésta peligra. Esta ley se vuelve excluyente con mujeres de escasos recursos y del área rural, ya que muchas no saben leer ni escribir y no pueden pagar a un abogado que agilice los trámites.
La comunidad de Senobia está en el altiplano, a 120 kilómetros de la ciudad de La Paz. Ahí también está prohibido el aborto y «si el jilakata –la máxima autoridad– se entera de este hecho, castiga con un par de azotes o el destierro a la mujer que se lo haga y, de igual forma, al padre de la mujer y al hombre con quien ella haya concebido al infante», añade Senobia.
TEMA POLÉMICO
En las ciudades, a diferencia del área rural, el tema es polémico. Desde la presentación al gobierno nacional, en 2004, de un proyecto de ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, en el cual se solicita la legalización del aborto, se han generado posiciones a favor y en contra.
«Nosotras proponemos al parlamento desprenderse de esa doble moral mentirosa y promulgar una ley que nos permita vivir de manera sana e informada la sexualidad», comentó Madela Sainz, una de las promotoras de la campaña 28 de septiembre y las movilizaciones de 2004 por la despenalización del aborto.
En su opinión, «los derechos sexuales tienen que ver con un acto de decisión en lo más íntimo de las personas, una decisión tomada con la conciencia de que constituye un acto de absoluta libertad que no puede ser contenido en ninguna norma moral o código religioso», explica la activista.
En tanto, la Iglesia Católica y las agrupaciones religiosas rechazan el proyecto, porque califican al aborto como sinónimo de asesinato. En su inmensa preocupación por la vida humana, aseguran no poder apoyar lo que califican de «horrendo crimen de interrumpir la vida de un ser».
«Si se aprueba una ley como la de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ésta podría provocar una emancipación temprana. Cualquier mayor de 12 años podría no sólo tener derecho a mantener relaciones sexuales, sino también a gozar de una confidencialidad tal que sus padres no serían informados.»
Además, «los menores podrían contraer VIH/Sida, las niñas resultarían embarazadas y tendrían abortos; una legislación de este tipo podría incluso llevar a los niños a la prostitución», opina el Padre Manzanera, director del Instituto Católico.
Mientras la polémica continúa, en Bolivia es una realidad que la población femenina sigue teniendo en los abortos clandestinos la única opción frente a embarazos no deseados.
En la actualidad, no existe ninguna ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y la presentada al gobierno en 2004, que incluía la despenalización del aborto y su inclusión en el seguro social, fue rechazada por el Senado.
06/LR/CV
