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Garantizan seguridad alimentaria, pero mujeres carecen de tierras

Por Marianela Jarroud
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Las mujeres rurales de América Latina (AL) enfrentan aún graves dificultades en la tenencia de la tierra, lo que las mantiene en una situación de vulnerabilidad, pese a su peso creciente en la producción de alimentos y la seguridad alimentaria.
 
“Las mujeres son las personas con la mayor condición de vulnerabilidad frente al tema de la tenencia de la tierra”, dijo a IPS la especialista Soledad Parada, asesora de Género de la oficina regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en la capital chilena.
 
Añadió que “durante largo tiempo, todas aquellas actividades que se han realizado para mejorar la situación de la tenencia de la tierra, en general, no han tomado en consideración a las mujeres”.
 
Como consecuencia de ello, “las mujeres acceden a la tierra ya sea por herencia o porque les fue asignada a través de alguno de los programas que ha habido de reforma agraria”, pero en todos los casos “han salido perjudicadas”, precisó.
 
Como en otras regiones en desarrollo, la agricultura familiar es la principal proveedora de alimentos en AL, y son las mujeres las que aportan cerca de la mitad de lo que comen los 600 millones de habitantes de la región.
 
Se estima que en AL unos 58 millones de mujeres viven en el campo, sin embargo, sólo entre 8 y poco más de 30 por ciento de ellas posee tierras agrícolas.
 
Según un estudio de la FAO, realizado en seis países de la región, el porcentaje de propietarias mujeres alcanza 32 por ciento en México, 27 por ciento en Paraguay, 20 en Nicaragua, y 14 por ciento en Honduras.
 
Las mujeres propietarias, además, poseen los predios más pequeños y las tierras de menor calidad, y tienen menos acceso al crédito, a la asistencia técnica y a la capacitación.
 
“A 98 por ciento de la gente que trabaja en asistencia técnica no se le ocurre visitar a mujeres”, aseguró a IPS el especialista en tenencia de la tierra Sergio Gómez, consultor de la FAO. Más aún, dijo, “todos los procesos formales deben tener la firma del hombre, si no, la visita no vale, pues la propiedad está a nombre de él”.
 
La brecha de género en la propiedad de la tierra está históricamente relacionada con factores como la preferencia masculina en la herencia; los privilegios de los hombres en el matrimonio; la tendencia a favorecer a los varones en la distribución de predios por parte de comunidades campesinas e indígenas, y también de los programas estatales de redistribución. Se suman los sesgos de género en el mercado de tierras.
 
Las mujeres, por todas esas trabas, “han quedado explícitamente afuera” de la propiedad de la tierra, aseveró Parada.
 
En México, por ejemplo, las mujeres rurales trabajan 89 horas semanales, mientras que los hombres lo hacen sólo 58, una situación que se repite en la región. Pese a ello, casi 40 por ciento de esas mujeres no tienen ingresos propios, mientras que sólo 14 por ciento de los hombres están en la misma condición.
 
Esta desventaja se agravó en los últimos años, cuando la región experimentó un aumento considerable en el porcentaje de explotaciones agropecuarias a cargo de mujeres.
 
En este proceso de feminización del campo, Chile está a la cabeza de los países de AL y el Caribe, con 30 por ciento de sus explotaciones agrícolas a cargo de mujeres, seguido por Panamá (29), Ecuador (25) y Haití (25 por ciento).
 
Los países en los cuales hay un menor número de explotaciones agropecuarias a cargo de las mujeres son Belice (8 por ciento), República Dominicana (10), El Salvador (12), y Argentina (12 por ciento).
 
Parada explicó que en las últimas décadas, muchos países de la región realizaron modificaciones legales en relación al acceso a la tierra con avances hacia una mayor y mejor equidad. Es el caso de Nicaragua, donde existe una ley especial de asignación de tierras para mujeres.
 
“En otros países se ha avanzado en la legislación, en términos de poner como condición que si una persona es casada sean ambos cónyuges los que tienen que quedar a cargo de la tierra, y que se necesita la autorización de uno u otro para realizar cualquier transacción”, precisó.
 
Sin embargo, los avances no han sido suficientes, principalmente debido a que los derechos efectivos a la tierra toman en cuenta no solo el aspecto legal, sino también el reconocimiento social de estos derechos, ámbito en el que persiste la desigualdad.
 
“Todo esto tiene consecuencias tremendas”, enfatizó Parada. “El hecho de que la tierra esté mayoritariamente a nombre de los hombres, especialmente en la agricultura familiar, en la pequeña agricultura, significa una barrera tremenda para que las mujeres puedan acceder a otros tipos de beneficios”, señaló.
 
La chilena Alicia Muñoz, líder de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), aseguró a IPS que el derecho a la tenencia de la tierra “ha sido una de las luchas más largas y grandes que hemos dado”.
 
“Buscamos que se reconozca el trabajo de las mujeres, porque son ellas las que lideran en el campo, en la agricultura familiar campesina. El acceso a la tenencia de la tierra es un reclamo, una exigencia de siempre de las mujeres campesinas”, afirmó.
 
Para Muñoz, este es un “tema cultural” que enfrentan los países de la región y que hasta ahora no tiene solución. De esta forma, pese al trabajo por acortar la brecha de género en los distintos países latinoamericanos, “en agricultura, son los hombres los que hablan por las mujeres”, aseveró.
 
En ese contexto, las directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, impulsadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) para facilitar el diálogo y la negociación, plantean como uno de los principios de aplicación el tema de la igualdad de género.
 
El documento aprobado en 2012 por el CSA sostiene que los Estados deberían asegurar que las mujeres y las niñas tienen los mismos derechos de tenencia y acceso a la tierra con independencia de su condición civil o situación marital.
 
Asimismo, señala que los Estados “deberían considerar los obstáculos concretos que encuentran las mujeres y las niñas con relación a la tenencia y a los derechos asociados a la misma, y tomar medidas para garantizar que los marcos jurídicos y de políticas proporcionan una protección adecuada a las mujeres, así como la aplicación y el cumplimiento de las leyes que reconocen los derechos de tenencia de las mujeres”.
 
Y es que para el CSA es esencial garantizar la participación femenina en todos los procesos de toma de decisiones, así como el acceso de las mujeres, en condiciones de igualdad, a la tierra, el agua y otros recursos naturales.
 
Sin embargo, para que esto se concrete, es necesario promover la presencia de las mujeres en las negociaciones, “ya sea desde el Estado o desde quienes se ponen de acuerdo para aplicar las directrices. Y ahí la FAO tiene un papel que jugar”, señaló Parada.
 
Coincidió Muñoz y señaló que tanto “los gobiernos de turno como la FAO, tienen que promover la participación de las mujeres, de lo contrario “seguiremos igual”. “Nosotras amamos la tierra y la naturaleza, somos muy concretas y responsables. El conocimiento de la agricultura familiar campesina está en las mujeres, son ellas las que le ponen el hombro al campo. Ya es tiempo de que se les reconozca”, concluyó.
 
*Este artículo fue originalmente publicado por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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