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Garantizar acceso a anticonceptivos, gran pendiente

Por Claudia Ocaranza Abascal
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A cinco años de que entraron en vigor las reformas que permiten la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en esta ciudad, el aborto es ya un derecho consolidado para las mujeres del DF, aunque todavía hay retos para ampliar los derechos reproductivos de las capitalinas.
 
La directora de Ipas-México, Raffaela Schiavon Ermani, destacó que con la despenalización del aborto la Secretaría de Salud (Ss) local ha brindado interrupciones seguras del embarazo a 93 mil mujeres.
 
La también especialista en biología reproductiva participó ayer en la mesa de discusión “Avances con respecto a la ILE en el DF”, organizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). 
 
Al hacer un recuento, Schiavon Ermani advirtió que el Estado mexicano aún no garantiza a las mujeres una atención integral en salud sexual y reproductiva.
 
Puso como ejemplo que la cobertura en anticonceptivos no ha tenido un incremento significativo en México, y que una de cada dos mujeres que abortan tiene entre 15 y 29 años de edad, debido a que no accedieron de manera temprana a métodos de control natal.
 
Abundó que –de acuerdo con estudios de Ipas-México– de 1992 a 2009 la cobertura de anticonceptivos para jóvenes de15 a 19 años pasó de 36.4 a 44.7 por ciento, mientras que para las mujeres de 25 a 29 años aumentó sólo 7 puntos porcentuales.
 
Por su parte, Patricio Sanhueza Smith, coordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ss-DF, denunció que grupos Provida se plantan afuera de las clínicas y hospitales para “desinformar y manipular” a las mujeres a fin de evitar que decidan libremente sobre la maternidad.
 
Gustavo Ortiz Millán, investigador del Conacyt y experto en bioética, consideró que en caso de aprobarse un Código Penal Único –propuesta de Enrique Peña Nieto–, podrían cerrarse las puertas para las mujeres que al ver restringido su derecho a abortar en sus estados de origen, vienen al DF con el fin de interrumpir sus embarazos.
 
Desde 2008, 17 entidades federativas reformaron sus constituciones estatales para “proteger la vida desde la concepción- fecundación”, lo que en los hechos ha criminalizado el derecho al aborto e incluso ha provocado que las mujeres sean encarceladas.  
 
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