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Garantizar respeto a derechos humanos, CIDH

Mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó el llamado a los gobiernos federal y estatal para que se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos y el uso del diálogo como medida idónea para solucionar el problema político social en Oaxaca, representantes del gobierno mexicano justificaron el uso de las fuerzas militares y policíacas como una forma de preservar la seguridad pública.

En conferencia de prensa representantes de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Yéssica Sánchez Maya y Aline Castellanos, señalaron que en una audiencia pública que se realizó el pasado 6 de marzo en Washington, la CIDH a través del comisionado Fredy Gutiérrez manifestó que es vigente para el gobierno el llamado al diálogo y pidió se respeten los derechos humanos de las personas que aún están privadas de su libertad como resultado del conflicto político social iniciado en 2006.

Castellanos y Sánchez Maya apuntaron que será en abril próximo cuando comisionados y relatores visiten México y viajen a Oaxaca para constatar la información que los organismos no gubernamentales han expuesto sobre la violación a los derechos humanos en esta entidad federativa.

Ambas defensoras de los derechos humanos dijeron que durante la reunión en Washington, resaltó la forma en que el gobierno mexicano pretendió justificar el uso de la fuerzas militares y policíacas como método para mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, pese al llamado de emplear el diálogo como medida de solución al problema político-social que hiciera la propia CIDH desde octubre pasado.

Se referían a los hechos ocurridos en Oaxaca el 29 de octubre y 2, 20 y 25 de noviembre, en las que habrían sido detenidas de manera ilegal y arbitrarias unas 400 personas por estos cuerpos de seguridad pública, como la Agencia Federal de Investigaciones, la Policía Federal Preventiva, así como elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.

Sánchez Maya apuntó que hay interés de los comisionados de ese organismo internacional, los cuales tienen suficiente información de la reiterada violación a los derechos humanos en Oaxaca como resultado de la cuarta audiencia consecutiva que se realiza ante la CIDH, por lo que se espera haya recomendaciones para el gobierno mexicano por esta “criminalización de la protesta social”, dijo.

Aline Castellanos, sobre quien pesa una acusación por su supuesta participación en el “despojo violento” de las instalaciones del Canal 9, apuntó que la argumentación hecha por el gobierno federal en la audiencia pública ante la CIDH de utilizar “las fuerzas de seguridad para mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana”, es una argumentación preocupante.

“Nos parece un signo preocupante puesto que bajo ese argumento estarían justificando la comisión a las violaciones a los derechos humanos, incluyendo la violación al debido proceso, aunque después señalarían que tienen las puertas abiertas para la visita de la CIDH”.

Las organizaciones entregaron a la CIDH un total de 86 testimonios de las personas que fueron privadas de su libertad de manera arbitraria e ilegal, además de que se presentaron de viva voz tres testimonios de personas que vivieron los tratos inhumanos, crueles y degradantes, las detenciones arbitrarias, las incomunicaciones, la falta de atención medica.

Sánchez Maya apuntó que aunque el gobierno mexicano negaba estas situaciones, lo cierto es que tampoco los funcionarios enviados por el gobierno de Oaxaca pudieron demostrar las investigaciones sobre tortura, tras dos denuncias presentadas hace siete meses, ni tampoco que tipo de acciones están haciendo para solucionar esos abusos.

Lo que dijeron ?explico la activista– es que habían puesto en libertad a ocho personas en esos días como signo de la buena voluntad del gobierno.

Por otra parte Aline Castellanos señaló que las organizaciones pidieron a la CIDH que inste al gobierno mexicano a realizar acciones tendientes a erradicar el secuestro y tortura como métodos de investigación.

Además de llevar a cabo una política eficaz dirigida al desmantelamiento de grupos policíacos mediante la captura y sanción de quienes los inspiran, realizan, integran, apoyan y financian; que se inste al gobierno mexicano para que sea real el derecho de toda persona a ser procesada en condiciones de imparcialidad.

La delegación de organizaciones no gubernamentales que asistió a la audiencia pública en la sede del organismo internacional, fueron la Limeddh, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; el Centro de Asesoría en Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

07/SJ/CV

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