En la Ciudad de México inició recientemente la aplicación de medidas para resguardar la seguridad de las mujeres y niñas, asignando unidades y vagones especiales sólo para ellas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro y en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), como parte de la campaña Viajamos Seguras, destinada a combatir las agresiones sexuales que a diario padecen las capitalinas usuarias de estos medios.
Desde hace más de una década, en el Distrito Federal, los archivos de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) registran abusos, acosos y violaciones de mujeres en el transporte público, sin que las autoridades tomaran medidas para enfrentar esta situación.
En el primer semestre de 1998, la PGJDF registró cerca de cinco mil denuncias por delitos sexuales, mientras en todo 1997 hubo ocho mil y en ese mismo año se identificaron 700 casos seriales, cometidos por la misma persona o grupo e igual modus operandi (Cimacnoticias, 7 de agosto, 1998).
En julio de ese año, de 70 delitos de violación, 30 fueron registrados como «seriales», siendo la Delegación Cuauhtémoc, una de las demarcaciones con el mayor número de delitos sexuales registrados.
También en 1998 y en esta delegación, en donde se ubica el Centro Histórico de la Ciudad de México, sucedió un caso emblemático para el movimiento amplio de mujeres.
La ex directora del Programa de la Mujer del gobierno del estado de Veracruz, Libertad Hernández Landa, abordó un taxi a las puertas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para dirigirse al aeropuerto. Nunca llegó a ese lugar.
Se inicio su búsqueda. Días después, su cuerpo fue encontrado en las afueras de la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, confirmándose que había sido violada y asesinada.
Hernández Landa, consultora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se encontraba en la Ciudad de México para participar en el seminario internacional Nuestras niñas: derecho a la equidad desde la infancia, convocado por Unicef, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Pronam y la SRE, dependencia que era sede del Seminario.
El movimiento amplio de mujeres señaló que este hecho pudo haberse evitado si la PGJDF hubiera hecho caso de los testimonios de mujeres violadas a bordo de taxis, que se venían cometiendo desde finales de 1996, según información de la propia Procuraduría, los que habían permitido identificar a 45 personas o grupos que atacaban en diferentes zonas de la ciudad y que operaban de la misma manera.
Para 2003, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) esperaba reducir el número de agresiones contra mujeres en las calles con medidas como alejarse de «lugares no aconsejables» y poner el seguro a la portezuela del taxi.
Sugerencias que, a decir de la organización civil Adivac (especializada en temas relacionados con violencia en contra de las mujeres), «responsabilizaba a las mujeres de las agresiones que padecían en las calles» (Cimacnoticias, 17 de junio, 2003), dejándola la responsabilidad de evitar los ataques a las víctimas.
Por su parte, tras la detención de Hugo Abraham Ramírez Contreras, alias «El Bad Boy», y de Israel Eduardo León Quiroz, acusados de violar a varias mujeres y video grabarlas a bordo de un taxi, la PGJDF emitió recomendaciones para el uso de ese transporte público.
Las recomendaciones consistían en: verificar que la identificación de conductor coincidiera con quien manejaba, evitar vehículos con vidrios polarizados o mallas que impidieran la visibilidad hacia el interior de la unidad, verificar que el taxi tuviera placas y memorizarlas al abordar, colocarle el seguro de la portezuela y subir el cristal correspondiente.
INSEGURIDAD EN EL METRO
De 1999 a 2001, se llevó a cabo una campaña contra el abuso sexual en el Metro. Tenía como finalidad no sólo detener el problema en este medio de transporte colectivo, sino informar a la población que el abuso sexual es un delito, penalizado en la ley, y no una falta administrativa.
Otro de los propósitos de la campaña era desalentar la actuación de los agresores sexuales que consideran el tocamiento como algo normal (Cimacnoticias, 17 de agosto de 1999).
De acuerdo a información estadística del Metro, durante 2001 se presentaron 462 casos y en 2003 hubo 468 ataques sexuales contra mujeres.
Para 2004, los dos vagones delanteros de los trenes del metro fueron reservados para la población femenina e infantil «únicamente en horas pico» (de 6 a 10 de la mañana y de seis de la tarde a 10 de la noche).
Dos años más tarde, las autoridades capitalinas decidieron reservar tres vagones y no dos para mujeres y niñas y niños en horas pico. Además, de colocar letreros que informaban de esta acción y policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para vigilar que no sean abordados por varones.
No obstante las medidas, los delitos sexuales contra las mujeres que viajan en ese transporte público se incrementaron. En 2006, el abuso sexual ocupó el segundo lugar en la incidencia de delitos dentro del Metro, según información del GDF.
VIAJAMOS SEGURAS
El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), organismo coordinador de la campaña Viajamos Seguras, iniciada los últimos meses del 2007, informó que entre las medidas que contempla la campaña se encuentran: instalar módulos de atención y prevención del delito de la PGJDF en las estaciones Pino Suárez, Hidalgo y Balderas, así como incrementar la vigilancia con videocámaras y agrupamientos especiales.
Como parte de la campaña, en marzo próximo se instalarán videocámaras y la información así recopilada sobre agresores sexuales se canalizará a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría capitalina, a fin de que cuenten con una base de datos, medida que se tiene contemplado empiece a funcionar en marzo de este año.
Las unidades y vagones especiales sólo para mujeres en el Metro ya se encuentran funcionando y, en una fase de pruebas piloto, las unidades especiales para mujeres en la Red de Transporte Público se encuentran operando desde la semana pasada en las rutas de Paseo de la Reforma y Eje Central Lázaro Cárdenas, en el Centro Histórico.
DESIGUALDAD Y VIOLENCIA
Durante el foro Ciudades para convivir sin violencia para las mujeres, realizado en octubre de 2007, la directora general de Igualdad y Diversidad Social, Martha Patricia Patiño Fierro, de la Secretaría de Desarrollo Social del GDF, afirmó que la inseguridad y la violencia contra las mujeres forma parte de la desigualdad, de ahí que se desarrollen programas como el de transporte con equidad, exclusivo para mujeres, Viajemos Seguras.
Informó además que las autoridades capitalinas se encuentran trabajando en el programa Una Ciudad para Compartir y Disfrutar, el cual consta de seis ejes: recuperación de espacios públicos; violencia de género; participación ciudadana, seguridad, violencia comunitaria y participación organizativa.
Martha Patricia Patiño precisó que para ello ya cuentan con mil espacios públicos, distribuidos en las 16 delegaciones políticas, donde se convocará a la ciudadanía a participar y generar un ambiente de grupo.
CIUDADES SEGURAS, MUJERES SEGURAS
En América Latina, muchas ciudades son hoy fuente de temores y diferencias infranqueables, ha señalado el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), que obstaculizan la práctica de una ciudadanía activa, «siendo en este escenario la violencia y el temor un freno a la libertad y a la realización plena de las mujeres».
A través de su Programa Regional Ciudades Seguras: Violencia contra las mujeres y políticas públicas, Unifem indica que ante estos hechos mujeres de diversas condiciones sociales, razas, etnias y religiones demandan nuevas y más efectivas políticas públicas y acciones para disminuir el impacto de esta violencia en sus vidas.
Expertas en el tema, como Ana Falú y Olga Segovia, señalan en el estudio Ciudades para convivir: sin violencia hacia las mujeres, auspiciado por Unifem, que cuando se habla de violencia contra las mujeres en las ciudades, no sólo hay que referirse a los delitos tradicionales que dificultan la vida cotidiana de las mujeres, como los robos, asaltos y violaciones.
También, «hay que apuntar a fenómenos vinculados a la forma como se concibe el desarrollo urbano, es decir la falta de infraestructura y de servicios, la cual es una condicionante de la violencia que se ejerce hacia las mujeres en las urbes, por lo que se debe apostar a construir ciudades donde se garantice el ejercicio de las libertades y los derechos de una forma incluyente».
En este sentido, el derecho de las mujeres a una ciudad sin violencia, en general, «no es contemplado en las políticas de seguridad ciudadana, y por otra parte, los programas de violencia hacia la mujer, se han focalizado en la violencia familiar, lo cual implica un vacío importante de las políticas públicas respecto de este derecho», puntualiza Unifem.
08/GT/CV/GG
