El martes 22 estuve en Tijuana, en Radio Zeta, el mismo día en que fue asesinado un editor del semanario Zeta en presencia de sus dos hijos pequeños, después de salir de una terapia de rehabilitación facial debido a una paralización que había sufrido días antes por estrés.
El crimen ha sido condenado por los propios periodistas, y organismos civiles, y que ha ocurrido en el mes de la celebración de la libertad de expresión.
Hace 10 años, se celebró en Nápoles, Italia, la Conferencia Mundial sobre Delincuencia Organizada Transnacional; años después los gobiernos de muchos países han incluido a tan desbandado fenómeno entre los riesgos o amenazas a la seguridad interior e internacional, alentando ligeras iniciativas para contrarrestar su amenaza.
La percepción de los retos que presenta la delincuencia organizada surgió en la última década del siglo pasado por la evolución observada de este perturbador fenómeno y los cambios en el enfoque de las relaciones internacionales, evaluando en concreto su impacto sobre las estructuras, las instituciones, y los actores de la clase política que son comunes a los regímenes democráticos.
En 10 años, la delincuencia organizada ha pasado de ser considerada como un problema confinado a ciertas regiones, por circunstancias históricas específicas y la influencia en las grandes decisiones de las políticas públicas, a ser una variable fundamental en la definición de cualquier amenaza a la seguridad nacional y a la gobernabilidad democrática. Como lo aseveran varios analistas entre ellos, Godson y Olson 1995.
La delincuencia organizada ya no puede considerarse un problema de criminalidad más o menos extendida, sino que su actuación a gran escala puede traer efectos paralizadores tremendamente nocivos para el funcionamiento de la sociedad en general y para el sector político en particular.
Asimismo, las fuertes repercusiones sociales, ya sea por los términos de la violencia, por las pérdidas económicas que comporta, o por cualquier otra característica que genere ansiedad o indignación entre la ciudadanía en general.
Y además, se protege eficazmente frente a la actuación del Estado. Esta protección la obtiene fundamentalmente por dos vías, la intimidación que provoca la utilización de la violencia o la amenaza de usarla; y por la vía de la corrupción que inhabilita la actuación del estado y se genera la impunidad.
Actualmente se observa en diferentes escalas: el abastecimiento de bienes y servicios ilegales, ya sea la producción y el tráfico de drogas, armas, menores de edad, inmigrantes ilegales, materiales nucleares, el juego, la usura, la falsificación. El asesinato a sueldo, la prostitución.
O la comercialización de bienes lícitos obtenidos por medio del hurto, el robo o el fraude en especial de vehículos de lujo, animales u obras de arte; la ayuda a las empresas legítimas en materias químicas, tales como la vulneración de las normativas medioambientales o laborales; la utilización de redes legales de inmobiliarias para el lavado de dinero; y la prelación como sistema, tal y como es el caso de la piratería, la extorsión sistemática o los secuestros.
Paralelamente a la creciente mundialización económica, la actuación a escala global con rapidez y posibilidades del trasporte internacional, y el libre comercio en todo el mundo, han hecho aumentar los flujos de bienes lícitos, así como de los ilícitos. Generando así una lucrativa mezcla de viejas y nuevas actividades ilícitas que la ampliación y especialización de los mercados no parecen ser tendencias contradictorias.
La delincuencia organizada plantea una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad nacional e internacional, es un ataque contra las autoridades políticas y legislativas y causa una pérdida de confianza en los procesos democráticos, socava el desarrollo y se apropia de segmentos enteros de la sociedad, especialmente las mujeres y menores de edad, así como Cd. Juárez; a los que tiende trampas e incluso, esclaviza en la prostitución.
La criminalidad pone en peligro la viabilidad de las sociedades, la independencia de los gobiernos, sus instituciones y el funcionamiento de la democracia.
*Senadora e integrante de la Comisión de Equidad y Género y de la Comisión Especial que dará seguimiento a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.
2004/BJ/SM
